AGENCIA
CDMX.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 137 ejemplares de vida silvestre este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez. El decomiso se realizó durante la madrugada del 21 de febrero tras detectar dos maletas con contenido inusual en una revisión de rayos X.
Las especies aseguradas incluyen 121 tortugas y 16 ranas, las cuales fueron empaquetadas en calcetines y tuppers con destino a Tokyo-Narita, Japón. Entre los ejemplares se encuentran:
-53 tortugas de caja (Terrapene carolina), una de ellas muerta.
-3 tortugas de monte (Terrapene nelsoni).
-10 tortugas chacarita cora (Kinosternon cora).
-53 tortugas chopontil (Claudius angustatus).
-2 tortugas pecho de carey (Trachemys venusta).
-16 ranas árbol coronadas (Triprion spinosus).
Según Profepa, la mayoría de estos ejemplares están incluidos en la NOM-059-Semarnat-2010, que regula la protección de especies nativas de México y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Aunque las tortugas pecho de carey y las ranas árbol coronadas no figuran en alguna categoría de protección, su transporte sin permisos sigue constituyendo un delito ambiental.
Tras la inspección, las tortugas se encontraron en buen estado físico, sin lesiones y con buena respuesta a estímulos, mientras que las ranas fueron reportadas en estado regular, aletargadas y sin lesiones visibles.
La Profepa confirmó que los ejemplares asegurados no cuentan con ningún sistema de marcaje que permita su identificación legal, por lo que se realizó el aseguramiento precautorio bajo el Programa de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras.
Como siguiente paso, la Procuraduría está preparando una denuncia penal contra la persona que documentó las maletas. El tráfico ilegal de especies protegidas es un delito grave en México, con penas de entre 1 y 9 años de prisión y multas de hasta 3 mil días de salario mínimo, según el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal. Además, si se comprueba que la actividad tenía fines comerciales o afectaba un área natural protegida, la pena podría aumentar hasta en 3 años de prisión y mil días adicionales de multa.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell condenó enérgicamente el intento de tráfico de estas especies y advirtió que se tomarán todas las acciones legales necesarias para evitar que estos delitos continúen:
“Las consecuencias del tráfico de especies son terribles para las poblaciones, pues afectan su capacidad reproductiva y generan un profundo estrés en los ejemplares al separarlos de su hábitat. Exigiremos que los responsables enfrenten las consecuencias penales correspondientes”, afirmó Boy Tamborrell.
