Agencias
México.- Las consultas indígenas que respaldaron al gobierno mexicano para el Corredor Interoceánico se llevaron a cabo de forma exprés y sin la información suficiente, en lo que fue la primera violación a los derechos de los pueblos del Istmo. Posteriormente, se descubrió la falsificación de firmas e incluso la participación de personas fallecidas en estos procesos.
En diciembre de 2023, comenzó a operar el tren de pasajeros del Corredor Interoceánico. No obstante, el principal objetivo de la rehabilitación de las vías ferroviarias es el transporte de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico. Un ejemplo es el caso del parque industrial de San Blas Atempa, que se desarrollará en El Pitayal, un área de importancia cultural y natural para la comunidad zapoteca de Puente Madera.
El caso de las firmas falsificadas
La comunidad de Puente Madera, en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, se enteró de que el gobierno mexicano planeaba instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en sus tierras. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. El caso de Inocencio Morales, fallecido el 22 de enero de 2020, es un claro ejemplo: su firma apareció en el acta de la asamblea agraria del 14 de marzo de 2021, más de un año después de su muerte, respaldando la venta de tierras para el parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La documentación oficial muestra varias anomalías: participación inflada, firmas repetidas y decenas de firmas falsificadas. La comunidad presentó amparos que lograron detener temporalmente el avance de uno de los 10 parques industriales planeados en el megaproyecto.
Arbitrariedades y falta de información
Las irregularidades no se limitaron a la falsificación de firmas. Las consultas indígenas, organizadas por el gobierno, no siguieron los lineamientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada.
En 2019, el gobierno mexicano convocó a 10 pueblos indígenas para presentar el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, no hubo transparencia sobre la compra de tierras ni sobre los impactos ambientales y sociales de los proyectos industriales futuros. Las autoridades presentaron los supuestos beneficios sin mencionar las afectaciones.
De los 667 mil indígenas que habitan en los municipios afectados, solo participaron 3,427 personas, es decir, un 0.5% de la población indígena en la región. La falta de información y la falta de respeto al proceso democrático hicieron que muchos pueblos consideraran esta consulta como una simulación.
Violación de los derechos de los pueblos indígenas
Los Podebi, áreas designadas por el gobierno para fomentar la inversión y el desarrollo industrial, se ubican en terrenos de propiedad social en Oaxaca y Veracruz. La falta de una consulta genuina y respetuosa de los derechos de las comunidades ha generado descontento y rechazo.
Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en 2023, solo cuatro municipios —Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla, San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec— fueron reconocidos como comunidades indígenas para participar en las consultas. Esto excluyó a muchas otras comunidades con alta población indígena, como Matías Romero, donde el 57.7% de la población se considera indígena.
Presiones y la militarización del proyecto
La falta de consulta y la simulación de consenso se agravaron con la militarización del proyecto. El gobierno designó a la Secretaría de Marina para gestionar la implementación del Corredor Interoceánico, y esto implicó la presencia de fuerzas armadas en las comunidades afectadas.
La comunidad de San Blas Atempa enfrentó presiones directas del gobierno, y 18 habitantes fueron denunciados penalmente por su oposición a la instalación del parque industrial. En un comunicado emitido en junio de 2024, la comunidad anunció su decisión de desistir del amparo federal contra el Podebi debido a la tensión y amenazas a la integridad física y psicológica de sus habitantes.
El futuro del Corredor Interoceánico
La resistencia de las comunidades indígenas a la imposición del Corredor Interoceánico se ha convertido en un caso emblemático de la lucha por los derechos territoriales y culturales en México. El gobierno mexicano declaró triunfante la “negociación” y “acuerdo” con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa para instalar el polo de desarrollo. Sin embargo, para muchos habitantes, esta “consulta” representa la violación de sus derechos y la imposición de un proyecto que podría transformar radicalmente su forma de vida.
La lucha de estas comunidades evidencia la necesidad de procesos de consulta genuinos, respetuosos e informados, y plantea preguntas cruciales sobre la relación entre el desarrollo económico y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en México.
