Las comisiones unidas del Senado de México han aprobado por unanimidad una reforma constitucional que promete transformar el panorama de la vivienda de interés social para los trabajadores del sector privado. Con 33 votos a favor, esta iniciativa busca retomar la construcción de viviendas a través de institutos federales, así como establecer un modelo que permita a las personas rentar casas con la opción de compra.
Durante el debate, la senadora María Guadalupe Chavira, del partido Morena, subrayó la importancia de esta reforma, resaltando que representa una oportunidad crucial para los trabajadores que cotizan en el Infonavit. “Después de años de una dinámica interminable de pagos, esta reforma pone fin a una injusticia, permitiendo que más personas accedan a una vivienda digna”, expresó. Además, hizo un llamado a avanzar en la escrituración para garantizar certeza jurídica en la propiedad.
Por su parte, Mayuli Ltifa Martínez, del PAN, destacó que la reforma podría facilitar el acceso a créditos accesibles y suficientes para la adquisición de vivienda, aunque alertó sobre el aumento del 5% anual en los precios de las viviendas, que actualmente rondan un promedio de un millón 700 mil pesos. Reiteró la necesidad de definir claramente los términos “renta social” y “vivienda adecuada”.
Mely Romero, del PRI, también se mostró favorable al dictamen, mencionando la urgente necesidad de vivienda que enfrenta muchas familias, algunas de las cuales viven varias generaciones en un solo espacio. “Es vital que esta reforma amplíe el acceso a créditos, aunque también debemos considerar a los trabajadores del sector informal”, indicó.
Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda y miembro del Partido Verde, destacó el déficit de 8.2 millones de viviendas en el país, lo que representa un 23.3% del inventario total de viviendas habitadas. Según la Encuesta Nacional de Vivienda, el 58% de las casas en México requieren mejoras significativas.
Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, subrayó la preocupación por el déficit habitacional, señalando que, a pesar de los avances legislativos, todavía existe una gran necesidad de vivienda. Finalmente, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, expresó su apoyo a la reforma, pero advirtió sobre la exclusión de los 32 millones de trabajadores en la informalidad y la falta de provisiones para la autoconstrucción, lo que podría perpetuar asentamientos irregulares.
Esta reforma representa un paso significativo hacia la mejora del acceso a vivienda digna en México, pero también resalta la necesidad de abordar las necesidades de un sector considerable de la población que aún enfrenta dificultades para acceder a una vivienda adecuada.
