AGENCIA
Nacional.- El 4 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma al Poder Judicial en una sesión maratónica, generando una notable controversia por la ausencia de la diputada federal y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. La exsecretaria de Gobernación, quien asumió su cargo como diputada el 1 de septiembre, no participó en la votación, alegando problemas de salud relacionados con una cirugía cardíaca previa.
La reforma, propuesta por AMLO, busca que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular en lugar de por concurso de oposición. Esta medida podría afectar directamente a su hija, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien es magistrada de Circuito en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Las sospechas sobre la ausencia de Sánchez Cordero se intensificaron cuando usuarios de redes sociales sugirieron que su decisión de no votar pudo haber sido motivada por el deseo de proteger el cargo de su hija.
Laura Ulloa, activista y simpatizante de la Cuarta Transformación (4T), comentó en X que la ausencia de Sánchez Cordero parecía un intento de proteger los intereses de su hija. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, respondió a estas acusaciones minimizando la controversia y deseando la pronta recuperación de Sánchez Cordero.
Sánchez Cordero, quien en 2023 se opuso a la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, no se pronunció directamente sobre la reforma en cuestión. La propuesta aprobada en Diputados plantea que los jueces y magistrados sean elegidos en elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma aún debe ser aprobada en el Senado y en los congresos estatales para entrar en vigor en 2025.
Defensores de la reforma argumentan que democratizará el acceso a la justicia y reducirá la corrupción en el sistema judicial, mientras que críticos como Xóchitl Gálvez consideran que atenta contra la independencia de los jueces y debilita la división de poderes. La ausencia de Sánchez Cordero en la votación ha añadido una capa adicional de polémica en un debate ya complejo sobre el futuro del Poder Judicial en México.
