Por Andrés Timoteo / columnista
Padres de familia de niños con cáncer denuncian desde hace meses el desabasto de fórmulas oncológicas, especialmente de metotrexato que se utiliza en tratamientos para combatir la leucemia linfoblástica infantil. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, les respondió que no era urgente contar con ese medicamento y que nadie se moría si faltaba. La respuesta escandalizó a todos.
Fue tal el repudio a esa postura indolente que el responsable de la Salud en el Gobierno de la “Cuarta Transformación” tuvo que ofrecer una disculpa pública a los padres de niños enfermos cuyo tratamiento depende en un 85 por ciento del suministro de metotrexato. “¿Si fueran sus hijos qué haría? ¿Se sentiría tranquilo el Secretario de Salud si tuviera una hija de cuatro años y medio que no le están dando la quimioterapia?, le cuestionaron padres angustiados.
En el hospital “Federico Gómez” de la Ciudad de México una niña de siete años, enferma de cáncer, falleció por falta de medicamento. El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a las empresas farmacéuticas de estar detrás de la magnificación mediática del caso para presionar al Gobierno, a fin de que les compren el medicamento.
Después, el tabasqueño soltó una barbaridad como si fuera un dogma de fe: si falta medicamento en los hospitales públicos y hay un paciente grave que lo requiere, las enfermeras o los médicos están obligados a poner de su bolsillo para comprarlos. ¿Una enfermera podría pagar hasta 40 mil pesos que llega a costar una fórmula o, por lo menos, unos 3 mil pesos para una inyección que controle las náuseas, tras una quimioterapia?
La declaración de López Obrador es, por supuesto, una muletilla para sacudirse la responsabilidad sobre la tragedia sanitaria. Intenta que la opinión pública considere que si un enfermo fallece por falta de medicamento la culpa será de los doctores o las enfermeras que no desembolsaron de su dinero para comprar el medicamento faltante, no del hospital, no del sistema de Salud pública, no de su gobierno.
En el caso de la niña fallecida en el nosocomio “Federico Gómez”, la Secretaría de Salud desmintió que hubiera muerto por cáncer o falta de tratamiento, sino que fue por una “enfermedad cerebrovascular no especificada”. Algo así como cuando se asegura que el cáncer tiene una etiología -origen- desconocido, el pretexto ideal para expulsar a cualquier contaminación química o emisión de radiactividad como causante de éste.
En Veracruz, hace semanas se suspendieron tratamientos de hemodiálisis en los hospitales, lo que prácticamente era una sentencia de muerte para las personas con padecimientos renales. Ante la protesta generalizada, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, dijo sonriente: “no pasa nada” y le restó importancia al hecho, aunque éste implicaba la sobrevivencia o fallecimiento de muchas personas.
Derechohabientes del Issste en Michoacán se han movilizado por la falta de galenos, medicina y equipo en los hospitales. Como respuesta, José Mireles, subdelegado del Instituto y exjefe de los grupos de autodefensas, calificó de “pirujas” -prostitutas- a las mujeres que hicieron el reclamo.
En específico, aludió el caso de un paciente con enfermedad renal que requería de hemodiálisis señalando que cada sesión cuesta al Issste mil 200 pesos mientras que la cuota que aportan los empleados del Estado sólo es de 490 pesos. “Aparte de ese señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia, hay que atender a la primer piruja (sic), a la segunda piruja, a la tercera, la cuarta y hasta la quinta”, soltó.
Y agregó: “ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente, o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más”. Dos días después, el funcionario también tuvo que ofrecer una disculpa pública. Lo hizo por el escándalo mediático desatado, no porque haya dejado de pensar lo mismo.
El caso más reciente de estas muestras de indolencia y negación en los funcionarios de la “Cuarta Transformación” tiene que ver con los casos de personas infectadas con dengue y las 120 muertes que ya ha provocado esta enfermedad transmitida por vectores -mosquitos Aedes aegypti-, dos de ellas en municipios del Norte de Veracruz.
A nivel local, el secretario Ramos Alor lleva semanas desmintiendo la incidencia de la enfermedad viral y negando que la Entidad encabece las estadísticas en todo el País. Claro, intentó mentirle a la opinión pública porque, efectivamente, Veracruz ocupa el primer lugar en casos de dengue, según el boletín epidemiológico más reciente.
La Entidad tiene 3 mil 234 casos confirmados, y le siguen en incidencia Jalisco, Morelos y Chiapas. Además, en el País hay un incremento de 300 por ciento en este padecimiento en comparación con el año anterior, lo que también contradice los dichos del presidente López Obrador, quien en la víspera había negado el aumento de esa enfermedad, invocando a sus “otros datos”.
“No tenemos ese dato del incremento del dengue”, dijo el miércoles. Ayer jueves, Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo desdijo al reconocer que hay tres veces más infecciones de dengue que en otros años. Sin embargo, también lanzó la perla de que el dengue no se combate con nebulizaciones sino evitando la proliferación del mosco transmisor ¿entonces?
De paso, responsabilizó a las empresas químicas de difundir una epidemia para hacer que les compren insecticida. O sea, el mosquito Aedes aegypti es una especie de agente-esquirol para hacer quedar mal al Gobierno.
Lo cierto es que el sistema de Salud pública en México está colapsado y no por falta de presupuesto o corrupción galopante, sino por la indolencia de los funcionarios públicos, comenzando por el Presidente de la Nación que ordenó una austeridad a rajatabla, sin importar que ésta comprometa la vida de los pacientes. Hay dinero, pero no lo aplican.
Ya en este espacio se había citado que, desde diciembre cuando iniciaron los gobiernos estatal y federal, se dejó de comprar insecticida, se despidió a personal del área de Vectores en las jurisdicciones sanitarias y se suspendieron las nebulizaciones y ‘abatizaciones’. El resultado son brotes epidémicos en varias partes del País. ¿Irresponsabilidad, negligencia o indolencia? Es todo junto, un coctel que mata. ¡Ah! y los que reclaman son “pirujas” o complotistas contra la “Cuarta Transformación”.
