Por Andrés Timoteo / columnista
Van dos de tres. Luego del encarcelamiento del vetusto dirigente del Movimiento de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, detenido el 17 de enero y llevado al reclusorio de Pacho Viejo -aunque actualmente se encuentra internado en el hospital “Rafael Lucio” en Xalapa, una argucia legal para evadir la prisión-, que menguó la belicosidad de esa organización ligada al Partido Revolucionario Institucional, queda pendiente combatir a la segunda asociación cuasi-delictiva llamada Antorcha Campesina, también ligada al tricolor.
Una tercera agrupación del mismo talante, el Frente Cardenista que lidera el cordobés Antonio Luna, ya también está minimizada, tras perder el registro como partido político local en las elecciones de 2016 y dejar de recibir dinero del Gobierno estatal en el último año. Esas tres organizaciones fueron marionetas de la fidelidad en los últimos doce años y claro, satélites del priismo. Las tres operaban del mismo modo: con dirigentes millonarios, que explotan la necesidad de sus seguidores y beneficiándose indebidamente de recursos públicos a cambio de servir como grupos de choque al servicio de los gobernantes en turno.
Cualquiera de esas tres agrupaciones ocupaba las plazas públicas, principalmente en Xalapa, para impedir que a las mismas llegaran organizaciones populares legítimas para protestar contra el innombrable o contra Duarte de Ochoa. Los Antorchos, los “400 Cueros” y los Cardenistas siempre estaban listos para arremeter contra maestros, campesinos, pensionados, estudiantes y todo aquel que quisiera alzar la voz contra el Gobierno priista. Además, se especializaban en hostigar a los partidos políticos de oposición, a pedido de Palacio de Gobierno.
Sin embargo, hay una diferencia entre esas tres organizaciones y ésta radica en que Antorcha Campesina es una organización nacional, mientras que las otras dos son locales. Además, la agresividad de Los Antorchos es muy superior a la de sus homólogos domésticos. Literalmente, Antorcha Campesina es una organización para-policiaca que carga un historial de muertes y despojos por todo el País, incluyendo Veracruz. Muy parecida a las “guardias blancas” de -paradójicamente- negro historial en América Latina.
Sólo hay que recordar un caso para describirla: la invasión de tierras en la región popoluca de Soteapan, al Sur de Veracruz que provocó un baño de sangre entre campesinos. Debido a que el Gobierno del innombrable protegía a Los Antorchos, el activista Ramiro Guillén Tapia, dirigente del Comité Pro-defensa de los Derechos Humanos del Sur de Veracruz se inmoló en la Plaza Regina Martínez, frente a Palacio de Gobierno, rociándose de gasolina y prendiéndose fuego en septiembre de 2008.
A Guillén Tapia, el innombrable rechazó recibirlo en 70 ocasiones, pues iba a denunciar a Antorcha Campesina de haberles despojado 250 hectáreas, a punta de machetes y pistolas, a un grupo de campesinos popolucas del ejido Ocozotepec. Nunca hubo justicia para el maestro Guillén Tapia y nunca se regresaron las tierras a los labriegos despojados. Los Antorchos, amparados por la fidelidad se quedaron con todo. Y la misma historia se repite a lo largo y ancho de la Entidad.
El bien documentado periodista Mussio Cárdenas relata en su reciente entrega la complicidad del matrimonio Aguirre y Salcedo con el abogado Antonio Macías, suegro del exgobernador preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. “En 2009, en Coatzacoalcos, (Antorcha Campesina) sirvió a Tony Macías, el suegro incómodo de Javier Duarte, padre de Karime, para invadir predios de la reserva territorial, una extensión del Parque Tecnológico Puerto México que afectaba terrenos de particulares”.
“Aducía su líder (municipal) Pergentino Cortés Girón, un táctico de la movilización que lo mismo agitaba en Sinaloa que en el Sur de Veracruz, que había convenio con el suegro incómodo para construir vivienda. Terminaron negociando espacios, abandonando el predio y constituyendo la Colonia Santa María, presionando alcaldes para la introducción de servicios en áreas carentes de regularización. Sus métodos van desde la gestión y la exigencia hasta la movilización que doblegue autoridades”, cita el columnista sureño.
Córdoba no es la excepción porque Samuel Aguirre y Minerva Salcedo -ésta última fue diputada local por obra y gracia de Duarte de Ochoa- actuaron de la misma forma. La famosa colonia Unidad Antorchista es un feudo donde la Ley no existe y sólo reina la voluntad de los líderes. La presencia de Antorcha Campesina en la Ciudad de los Treinta Caballeros es producto de lo mismo: la invasión de tierras, las amenazas y agresiones contra lugareños y el dinero recibido de Gobiernos priistas o chantajeando a los panistas para entregarles obras y parte del presupuesto municipal.
Hoy, al parecer el juego está por terminarse para esos pillos y la justicia estatal va por ellos. En días pasados, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó la primera denuncia por el daño patrimonial a la Cuenta Pública 2016 y la misma está dirigida contra los extitulares de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por el desvío de 7 mil 784 millones de pesos, según costa en el expediente FP-018/2016/021, parte del cual habría sido entregado a Antorcha Campesina.
¿Todo ese dinero fue a parar a las cuentas bancarias de Samuel Aguirre y Minerva Salcedo, o el botín se lo repartieron con otros saqueadores? ¿Si tan solo en el 2016 se embolsaron 7 mil millones, cuánto se habrán robado en todo el sexenio de Duarte?, y ¿cuánto se robaron con el innombrable?. Eso es lo que se tiene que aclarar ante los tribunales. El tiempo corre en contra de Los Antorchos que ahora sí deberán rendir cuentas.
Y en el caso de que quieran amotinarse, ya la advertencia está dada también con ejemplos anteriores: si salen a bloquear carreteras y calles, la Fuerza Pública los desalojará y los llevará a prisión como ha sucedido con otros que han querido chantajear con afectaciones a la vialidad. Samuel Aguirre y Minerva Salcedo Vaca deben verse en el espejo de la lideresa priista Topacio Citlali Hernández Ramírez, quien organizó un bloqueo carretero a la altura de la SEV en Xalapa el 12 de diciembre de 2016, desde entonces está detenida y en días pasados recibió una sentencia de 4 años de prisión.
Aun cuando mucho se le critique al Gobernador por los pasivos en sus once meses de Gobierno, un logro que hay que reconocerle es que tiene la decisión de poner un alto a los seudo-líderes que usan la necesidad de la gente para su beneficio personal y cuyas organizaciones sirvieron a los Gobiernos priistas para cometer ilícitos, perseguir a enemigos políticos, agredir a los verdaderos activistas y por supuesto, fastidiar a todos los veracruzanos con sus marchas y bloqueos. A Los Antorchos está por acabárseles la fiesta.
LOS ECOS DEL INFORME
Hablando del gobernante en funciones, son cinco los municipios incluidos en su mensaje que ofreció el pasado miércoles, tras entregar su primer informe en el Congreso Local. Dos menciones fueron para Córdoba. Una porque se trabaja en la creación de la Policía Municipal, la cual seguramente entrará en funciones cuando arribe la alcaldesa Leticia López Landero, y la otra por la construcción de la autopista Córdoba-Potrero-Atoyac.
Fortín de las Flores también fue referencia para un dato importante ya que el rancho “El Faunito”, donde el exgobernador Duarte de Ochoa se construyó un palacete, podría ser dado en comodato para un centro de investigación en temas ambientales, operado por el Instituto Nacional de Ecología. Como se recordará, “El Faunito” es uno de los monumentos a la corrupción de Duarte de Ochoa -quien por cierto, reapareció el miércoles en una nota televisiva, insustancial, pero con jiribilla- para alimentar la esperanza de los nostálgicos de su gestión-.
También en el mensaje figuró Soledad de Doblado, un municipio de la Sierra de Zongolica donde se inaugurará en breve un hospital, mientras que en Huatusco se construye la carretera a Oluta, la cual atravesará Zentla, Camarón de Tejeda y Soledad de Doblado.
Por otro lado, es obligatorio en el análisis periodístico destacar que el Primer Informe rompió la ortodoxia priista en varios aspectos. Fue austero, sin invitaciones especiales ni actos faraónicos, acudió personalmente al recinto parlamentario a entregar el legajo escrito y pidió regresar a final de mes para ser interrogado por los Diputados sobre el mismo, además de admitir lo que todos esperaban que negara, que la inseguridad es un dato negativo en el período que ha gobernado.
Lo señaló sin ambages: “La inseguridad se mantiene como un problema grave y reconozco, asumo que la preocupación social es altísima y comprensible”. Veracruz está, de acuerdo a reportes oficiales, en el lugar número 23 en la cifra absoluta de delitos y en el 28 en la incidencia por cada cien mil habitantes. Es decir, ha crecido la actividad delictiva y especialmente los veracruzanos son castigados por la “ola” de ‘ejecuciones’ derivadas de la guerra entre las bandas del crimen organizado.
El Gobernador no lo ocultó ni evadió su responsabilidad en el tema, como vaticinaban sus detractores, esperando que imitara a Duarte o al innombrable para ponerlo en el mismo rasero. Contrario también a lo que se vaticinaba, ni Duarte de Ochoa ni su impresentable antecesor fueron mencionados directamente por el informante, salvo la alusión hecha en el recuento del pasado. “Hundieron el barco (Veracruz) en cinco minutos y para sacarlo se requieren a veces años”, dijo usando la metáfora para ilustrar el desastre que representó la fidelidad.
UNO MENOS
La bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no acudió al evento en el Congreso Local, aludiendo que no fueron invitados. Vaya asunto, si no se trató de una fiesta sino de una obligación Constitucional. A los diputados se les paga por estar en su curul y fiscalizar a los demás Poderes. No van a aplaudir sino a cuestionar, lo mismo en las comparecencias de los secretarios de despacho y cuando Yunes regrese al congreso para ser interrogado. Ahí deben hacer su trabajo: revisar, cuestionar, fiscalizar, en lugar de salir corriendo.
Por cierto, la semana cierra con una tormentilla política para Morena, pues la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anularon la elección en el municipio de Emiliano Zapata, conurbado a Xalapa, donde se tendrán que convocar a comicios extraordinarios para el 2018. Así, Morena pierde un bastión y se quedaría sólo con 16 Ayuntamientos a gobernar en Veracruz.
La histeria se apoderó de los Morenos, y la diputada zacatecana, Rocío Nahle, quien quiere ser Senadora por Veracruz, hasta amenazó a los Magistrados con hacerles juicio político por dicho fallo. Están muy crecidos, y muy dolidos, los de Morena. ¡Que le pidan ayuda a Antorcha Campesina! Al cabo los dos tuvieron que ver con la fidelidad.
