Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ricardo Anaya, el excandidato presidencial de la alianza Va Por México, en 2018, que incluyen la de traición a la patria, son penosas y ridículas, como para desanimar a cualquier joven a estudiar leyes. Para atajar las críticas (memes, caricaturas y burlas) por sus acusaciones, la FGR publicó un comunicado. Solo el primer párrafo concentra varias mentiras:
“Los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto ’N’, Marcelo ’N’, Luiz ’N’ y Luis ’N’, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos a Emilio ’N’, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera”.
Se refieren a confesiones ante una Corte Federal en Estados Unidos y ante el juez Sergio Moro en Curitiba, Brasil. Se mencionan a Hilberto Silva, director de Operaciones Estructuradas, la oficina encargada de llevar récord de los sobornos; Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía; Luiz Mameri, el director para América Latina, y Luis M. Weyll, director de Odebrecht en México. En ninguna de las declaraciones ministeriales, en especial las de Luis M. Weyll, las más prolijas sobre México, los funcionarios de Odebrecht-México afirmaron “su intención de obtener controles” y menos “garantizar el control sobre esa producción petrolera”. Tampoco le hicieron a Emilio Lozoya “un primer pago de 10 millones de dólares”.
Luis Weyll hizo a Emilio Lozoya un primer pago de 4 millones de dólares en 2012, antes de la elección, por favores recibidos desde 2009: la recomendación de asociarse con Tapia Construcciones para un posible contrato en Hidalgo y la relación con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y por la prometedora posición de Lozoya en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Weyll relata que Lozoya le pidió una cantidad que le permitiera ganar peso en el Comité de Campaña, lo más cercano a admitir que, al menos parte de ese dinero, fue a dar a la campaña del PRI. Las excelentes investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab documentan que probablemente Emilio Lozoya se gastó en él la otra parte: una casa de 1.8 mdd en Ixtapa, otra en la CDMX, obras de arte, joyas, etcétera.
Eso sí, Odebrecht quería contratos de asignación directa o mediante licitaciones sesgadas hacia ellos. Su meta era obtener el contrato de la nueva refinería en Hidalgo anunciada por el gobierno de Felipe Calderón en 2011. Cuando en el último trimestre de 2013 el gobierno de EPN anuncia no una nueva refinería, sino la modernización de la refinería de Tula, Odebrecht comunica a Lozoya que están interesados en el contrato. Weyll le garantizó un primer pago de 2 mdd, hecho en 2013, y de ganar el contrato, otros 4 mdd en 2014, lo cual sucedió. Los pagos se realizaron a través de las cuentas y empresas fantasma sugeridas por Lozoya. No hay en las declaraciones ministeriales de Weyll ninguna referencia a la reforma energética.
Es verdad, como lo documenta MCCI, que Odebrecht-México intervino para que en la sede en Brasil se consiguieran declaraciones de la entonces presidenta de Petrobras, Graça Foster, y del expresidente Lula, a favor de la reforma energética. Lo cual prueba que lo que el gobierno mexicano necesitaba eran los votos del PRD, PT y MC, que simpatizaban con Lula, pues en Brasil había habido una reforma energética muy exitosa.
El PT de Brasil votó en contra, pero durante la presidencia de Lula se descubrieron y aprovecharon los grandes campos ultraprofundos y las inversiones extranjeras en éstos. El expresidente jamás hizo la declaración favorable, pues antes consultó con su gran amigo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, opuesto a la reforma.
Lozoya tampoco logró que panistas y priistas votaran por leyes secundarias que le darían control a Pemex de las asignaciones de farmouts sin pasar por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo cual le daría libertad al director de la empresa de favorecer a empresas y recibir sobornos. En su comunicado, la FGR no puede resistir a halagar al Presidente y acusa a Anaya de querer entregar “las riquezas de la nación a empresas extranjeras”. Pero ni eso. Odebrecht no es una empresa petrolera, no explota ni explora ni invierte en campos petroleros. Eso sí, quiere y obtiene contratos para infraestructura.
La acusación de traición a la patria, además de ridícula, es peligrosa. Invita a la oposición a hacer lo mismo con tantas tonterías que ha hecho este gobierno. Mal augurio para la política cuando se recurre a acusaciones que invitan al exilio o al paredón.
