Sandra González
EL BUEN TONO
Orizaba.- El analista político Plinio Soto Muerza dijo que aprobar el uso de recursos públicos para implementar una ruta de transporte Gallo, de manera ilegal, es, en los hechos, una aceptación de transgresión a la ley. Esto se debe a que se constituyó un evidente delito al aprobar el uso de dinero público para un fin a todas luces ilícito.
“La creación de un nuevo transporte público, presentada como propuesta de campaña, enfrentaba su inviabilidad legal y administrativa debido a la carencia de facultad por parte del Ayuntamiento para poner en marcha una empresa de tal característica: sin la concesión respectiva o el permiso expresamente otorgado por el gobierno estatal, la circulación de transporte de pasajeros es un delito”.
Agregó que “con todo el conocimiento y a pesar de que sabían perfectamente que la ley estatal impedía la materialización de su propuesta de campaña, el actual munícipe, fiel a su costumbre de violentar la ley cuando así lo considera, promovió la búsqueda de un resquicio legal o triquiñuela que pudiera usar para emprender su nuevo capricho”.
