POR: WALTER RAMÍREZ AGUILAR TOMADO DE E-LEGISLATIVO
Cd. de México.- México se encuentra inmerso en una crisis de inseguridad y violencia que ha rebasado a las autoridades y ha colocado a la sociedad en primer plano con la creación de grupos de autoprotección, ante acciones fallidas y promesas incumplidas.
La presencia de Autodefensas en diferentes puntos de la República, la integración de grupos vecinales que con silbatos, lámparas de alto alcance y equipos de radiocomunicación se han organizado ante la “ola” de inseguridad que sufren, es la respuesta a las acciones ineficaces e ineficientes que el Estado ha llevado a cabo para enfrentar este problema.
Los hechos violentos van en aumento y cada día son más las ciudades que pasan a formar parte de las estadísticas con algún enfrentamiento, aparición de cuerpos ultimados o personas desaparecidas.
Lo anterior no es para menos, si se consultan las estadísticas de organizaciones civiles que evalúan el desempeño de las acciones que los gobiernos de los tres niveles realizan en contra de la delincuencia, las cuales revelan que los delitos de alto impacto aumentaron durante el primer semestre de 2017.
Según una gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si se compara ese período con el mismo lapso de 2016, se aprecia un incremento a nivel Nacional de 29.48% en los homicidios dolosos; de 12.57% en los homicidios culposos; de 19.75% en los secuestros del fuero federal y común; de 29.55% en las extorsiones; de 32.31% en los robos con violencia; de 13.10% en los robos de vehículos; de 3.18% en los robos a casa habitación; de 47.43% en los robos a negocio; de 31.69% en los robos a transeúnte y de 5.74% en las violaciones.
Esta situación ha propiciado que la sociedad, de todo el País, decida y exija a sus legisladores locales, leyes precisas que defiendan a las víctimas de los delincuentes.
En particular, los ciudadanos han reclamado ampliar el marco jurídico de la legítima defensa a fin de dar mayores alcances a los particulares que priven de la vida a alguien que irrumpa en su domicilio o negocio con la intención de robarlo o agredirlo.
Ante este panorama, habitantes de entidades como Nuevo León y Guanajuato, exigieron a los diputados de sus Congresos, modificar sus códigos penales estatales para garantizar que los ciudadanos que actúen en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes o de la persona, honor o bienes de otro, no sean sometidos a una investigación o una detención en tanto lo hagan en su legítima defensa.
Y bajo esta premisa, fue que el pasado 29 de mayo del presente año, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad de sus siete bancadas, la modificación al Artículo 17 de su Código Penal.
Con esta reforma, se establece que cualquier persona que prive de la vida a alguien que irrumpa en su domicilio tendrá garantizada la protección de la Ley.
Marcos Mendoza Vázquez, autor de esta iniciativa, en entrevista telefónica, explicó que la decisión de proteger a los ciudadanos y ampliar los alcances de la legítima defensa, ocurrió básicamente por la exigencia que le hicieron sus electores del Distrito Ocho Local con cabecera en la ciudad de Monterrey.
El Diputado sostuvo que sus electores le confesaron “vivir con el temor de sufrir alguna agresión o de ser víctimas de la delincuencia”. Sin embargo, expuso, “lo más preocupante para los vecinos es que alguien irrumpa en su domicilio o negocio para cometer un delito y sufrir lesiones, perder la libertad o su vida o la de sus familiares”.
Y si bien acepta que no hubo una acción que detonara esta reforma, estableció que la sociedad regia está harta del incremento de la delincuencia en la capital del Estado.
Sin ofrecer cifras que cuantifiquen estas conductas, el legislador Mendoza Vázquez explica que hay muchos jóvenes de las colonias marginales de la capital de Nuevo León, “que no tienen una oportunidad de trabajo o de estudio, y prefieren consumir drogas como el crack y meterse a robar en un negocio o un domicilio”.
Esta situación, dijo, era insostenible “y fue por ello que en noviembre de 2016, presenté esta iniciativa con el propósito de revertir esta conducta y proporcionarle a la población, al padre de familia, o al pequeño empresario o comerciante, la posibilidad de protegerse legalmente ante la ‘ola’ de inseguridad, ejecuciones, robos a casa habitación, que provocan daños físicos o sicológicos a las víctimas”.
“Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor”, indica la modificación.
Es decir, que con esta reglamentación, la legítima defensa se podrá invocar siempre y cuando la víctima se halle en un lugar cerrado (casa, negocio, restaurante o plaza comercial) y sea atacado por un tercero que busque robarlo o hacerle daño.
Para ello, la iniciativa promueve que se use lo que esté a su alcance para defenderse. “Cualquier persona puede ejercer fuerza letal en contra de quien traspase o pretenda traspasar, sin autorización, la propiedad en la que se encuentren los afectados”.
Según la organización civil Semáforo Delictivo, que dirige Santiago Roel, el robo a casa habitación registra en lo que va del 2017, siete mil 110 casos en todo el País, y de este total, esta conducta se ha repetido mil 494 veces en la Ciudad de México, mil 610 en el Estado de México; 736 veces en Nuevo León; 838 veces en Guanajuato y 560 ocasiones en Veracruz.
Y aunque esta iniciativa ya fue replicada y aprobada en Guanajuato, es necesario referir que su alcance no es tan amplio como en Nuevo León, ya que la reforma al Código Penal Estatal, establece que la legítima defensa sólo podrá invocarse cuando un extraño allane un domicilio e intente lastimar y robar a sus moradores.
El pasado 30 de junio del presente año, en la LXIII Legislatura guanajuatense se aprobó por unanimidad esta iniciativa que “permitirá que ante la intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón, delincuente, o no) que atente contra la integridad física o bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse sin ser procesado penalmente”.
La diputada de Acción Nacional, Libia Denisse García Muñoz Ledo integrante de la Comisión de Justicia, al usar la tribuna y expresar la posición a favor de su instituto político señaló que “con la nueva reglamentación guanajuatense, cuando un intruso llegue a una casa habitación, quien esté en la casa podrá repeler esa agresión, de cualquier manera bajo cualquier circunstancia y utilizando los mecanismos o los elementos que tenga a la mano y de ninguna manera será imputado penalmente”.
En el caso de algún asalto o robo con violencia, la víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente y quedará amparado por la Ley.
Tanto el Diputado neoleonés como la Legisladora guanajuatense subrayan que esta reforma no promueve o impulsa la portación de armas, sino sólo ejercer la legítima defensa.
Un tercer caso en el que la población ya está decidida a actuar por su cuenta, se registra en Veracruz. Apenas el pasado 20 de julio, la diputada panista y Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura local, María Elisa Manterola Sáinz, presentó ante el pleno legislativo su iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa.
En su exposición de motivos, la legisladora del Distrito de Martínez de la Torre, retomó cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), y dio a conocer que en nuestro País cada seis minutos y medio se comete un robo a casa-habitación.
En el caso específico del estado de Veracruz, por ejemplo, de febrero de 2016 a febrero de 2017, la Fiscalía abrió mil 886 carpetas de investigación por ese delito, destacando el mes de febrero del presente año en el que se suscitaron 145 hechos, es decir se registraron casi cinco robos diarios en toda la geografía estatal.
Ante esos hechos, explicó la representante popular, “la exigencia social hoy, es crear un marco jurídico indispensable para lograr el objetivo de salvaguardar la integridad física y la de sus familias, así como la de proteger sus bienes”.
La Legisladora veracruzana confía en que su iniciativa logre un consenso unánime, tal y como ya ocurrió en Nuevo León y Guanajuato.
Las organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, el Observatorio Nacional Ciudadano y Semáforo Delictivo, sostienen que en los estados nada se ha hecho contra la corrupción y si bien, hay acuerdos hechos con el Gobierno Federal, las evaluaciones arrojan perspectivas desalentadoras.
En los estados se incumplen, entre otros, cuatro aspectos fundamentales:
1.- Los centros de control de confianza estatales no están certificados en su totalidad ni examinan a todos los elementos.
2.- Las unidades especializadas antisecuestros (1,200 funcionarios públicos) sólo han capacitados al 40% de ellos, el 10% son funcionarios administrativos y sólo un 2% son analistas.
3.- No toman en cuenta a los ciudadanos para diseñar las políticas del sector.
4.- No hay indicadores de desempeño ni de impacto estandarizados.
Por ello, dicen, el reclamo de empoderamiento de los ciudadanos fue unánime y se entiende.
Y aunque la propuesta parece ineludible ante la falta de resultados de los cuerpos policíacos y las fuerzas públicas, hay voces de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que levantan la ceja ante estas reformas.
Un caso particular, es el que refiere la organización regiomontana Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), pues considera que la normatividad impulsada en aquel eEstado del Norte del País, por su amplitud, es negativa porque atenta contra la presunción de inocencia.
“Permitir el uso de armas en hogares podría aumentar el riesgo de incidentes que pongan en peligro la vida de terceros. La violencia o atentar contra la vida de una persona no es la solución para terminar con la delincuencia.
Esa responsabilidad, le corresponde al Estado, autoridad e instituciones judiciales”, señaló en un comunicado la organización civil.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco, también alertó que la ampliación de la figura de la legítima defensa puede resultar contraproducente. Y anunció que la institución revisará “que no sea como un cheque en blanco para cometer excesos o abusos”.
Y algo que parece una paradoja ha ocurrido en Nuevo León.
Desde que se aprobó esta reforma al Código Penal el pasado 30 de junio, hasta esta fecha, no han llegado a los Ministerios Públicos un caso delictivo en el que se haya invocado la legítima defensa.
