AGENCIA
Un juez federal ha extendido la suspensión otorgada a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la que se ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador que evite pronunciar discursos de odio e incitar a la confrontación o ataques contra quienes participen en la marcha en contra de la eliminación de los fideicomisos programada para el próximo domingo.
El juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis, ha aceptado la demanda de amparo presentada por el despacho del ministro en retiro, José Ramón Cossío, en nombre de los trabajadores del PJF. Esta demanda busca proteger a los trabajadores del PJF de actos de represión que puedan enfrentar al ejercer su derecho a manifestarse en contra de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos de dicho poder.
La solicitud de amparo, según lo informado por Proceso el miércoles 18, se centró inicialmente en brindar protección a los trabajadores que se manifestaron en las instalaciones del PJF en Periférico Sur.
Antes de aceptar la demanda de amparo, el juez Regis emitió una suspensión inmediata que garantiza la seguridad de estos trabajadores y prohíbe a las autoridades tanto locales como federales llevar a cabo cualquier acción que ponga en riesgo su integridad física y que asegura el respeto y garantía de su derecho humano a manifestarse.
Al ratificar y ampliar la solicitud de amparo, el despacho Asesores de Reingeniería Constitucional presentó las firmas de 68 trabajadores del PJF que solicitaron protección. Además, solicitaron al juez que proteja a todas las personas que participen en la marcha del próximo domingo y que impida al presidente de la República emitir discursos de odio contra los miembros de dicho poder.
El juez Regis resolvió: “SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que sin invadir el ámbito de facultades de la autoridad responsable Presidente de la República, se abstenga de realizar expresiones que puedan contener un discurso de odio que incite a generar confrontación, ataque o violencia de cualquier tipo hacia los manifestantes del Poder Judicial de la Federación y acompañantes que asistan a la marcha del veintidós de octubre del año que transcurre”.
Esta decisión del juez amplía la protección de la suspensión de plano para incluir a todos los miembros del PJF y al público en general que participe en la marcha programada para el 22 de octubre próximo. El juez aclaró que esta medida no protege las manifestaciones violentas y solo se aplica a los actos relacionados con la demanda de amparo.
Los demandantes argumentaron actos de violencia y represión experimentados durante las protestas en las que han participado, así como en la marcha programada para el 22 de octubre en contra de la eliminación de 13 fideicomisos del PJF y su posible desaparición. Además, señalaron el tormento psicológico derivado de la represión violenta y las denuncias públicas sobre su trabajo y derechos laborales por parte del Ejecutivo federal.
El juez Regis deberá evaluar la existencia de estas conductas por parte de las autoridades locales y federales para determinar si concede o no el amparo a los trabajadores del PJF. La audiencia constitucional en la que se tomará esta decisión está programada para el 21 de noviembre. En esta audiencia, el juez determinará si cuenta con suficientes elementos para emitir una sentencia definitiva.
