AGENCIA
Nacional.- A un mes de concluir su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado su presión sobre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, debido a la demora en la resolución de juicios contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien enfrenta adeudos fiscales de más de 63 mil millones de pesos.
López Obrador ha criticado públicamente a Piña Hernández por el “congelamiento” de dos litigios importantes relacionados con una deuda de 35 mil millones de pesos, que se derivan de la evasión fiscal de Salinas Pliego desde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. AMLO señaló que la tardanza en resolver estos casos equivale a una “protección ilegal a las conductas de defraudación fiscal”.
El conflicto judicial comenzó cuando el Ministro Luis María Aguilar Morales archivó durante diez meses el expediente de Salinas Pliego. Posteriormente, los magistrados responsables de los casos tardaron otros nueve meses en resolver, lo que llevó a Piña Hernández a congelar la solución final de los juicios. A pesar de que el 13 de junio y el 26 de junio de 2024 se resolvieron litigios en contra de Salinas Pliego, su impugnación ante la SCJN aún no ha sido asignada a ministros para su resolución definitiva.
La única acción reciente de Piña Hernández ha sido en relación a una deuda menor de 67 millones de pesos, en lugar de los montos mayores involucrados en los casos más significativos. La estrategia legal de Salinas Pliego ha consistido en impugnar y retrasar las sentencias, utilizando abogados especializados que anteriormente ocuparon cargos judiciales, como Yanet Sandoval Carrillo.
AMLO ha enviado una carta a Piña Hernández, exigiendo una resolución pronta de los casos y cuestionando el manejo de los mismos. A pesar de la presión política, la SCJN sigue sin emitir una sentencia final sobre los casos de Salinas Pliego, dejando en suspenso la resolución de sus deudas fiscales.
La situación ha generado un intenso debate sobre la efectividad del sistema judicial y su capacidad para abordar casos de alta relevancia económica y política. Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de estos juicios en medio de un contexto de presión y expectativas crecientes.
