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AMLO afirma que extradición de Ovidio Guzmán fue legal y defiende proceso

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El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia de prensa matutina de este miércoles que la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue “totalmente legal”. Según el mandatario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó la solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos el pasado 13 de septiembre y se notificó al detenido al día siguiente.

“Es un procedimiento, lo expliqué, que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores, a una solicitud del Gobierno de Estados Unidos, y en efecto el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 14 notifica al detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición“, explicó López Obrador.

Esta aclaración del Presidente surge un día después de que la defensa de Ovidio Guzmán denunciara la presunta ilegalidad en su extradición a Estados Unidos. Argumentaron que no se le dio la oportunidad de impugnar el traslado.

Cuando se le preguntó a López Obrador si la rapidez en el proceso podría poner en riesgo el caso de Ovidio Guzmán en el país vecino, el Presidente respondió que “eso tiene que resolverlo la Fiscalía” porque es la entidad que “decide sobre los términos, los plazos”. Sin embargo, reafirmó que está seguro de que el proceso fue “totalmente legal” y en conformidad con la ley.

La defensa de Ovidio Guzmán acusó que este fue notificado de su extradición la tarde del 14 de septiembre, un día antes de ser entregado al Gobierno de Estados Unidos. Alegaron que no recibieron la información correspondiente y que no se respetó el plazo de 30 días para impugnar la decisión mediante un recurso de amparo, lo que consideraron una violación de su derecho a un recurso judicial efectivo y al marco jurídico aplicable.

En un comunicado emitido, los abogados lamentaron que la entrega y extradición de Ovidio Guzmán López “fue realizada fuera de los cauces legales y trastocó derechos fundamentales”. La situación ha generado un debate sobre la legalidad del proceso y la protección de los derechos del detenido en México.

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