AGENCIA
Yucatán.- Un grupo de ambientalistas, organizaciones de protección animal y defensores de derechos humanos ha solicitado apoyo internacional para el proyecto S.O.S. Yucatán, que busca detener la expansión de megagranjas porcícolas en el sureste de México. Según Sofía Morín, miembro legal de Mercy For Animals Latinoamérica, el 80 por ciento (%) de estas granjas se han instalado en ejidos y comunidades mayas, causando severos daños al agua, aire y suelo.
Las organizaciones mexicanas y sus aliados llegaron a Yucatán para investigar y escuchar a los indígenas afectados por las megagranjas. Las comunidades, como Santa María Chi en Mérida, enfrentan problemas graves como malos olores y moscas debido a la contaminación. Estas granjas, que albergan hasta 100 mil cerdos, se han instalado sin el consentimiento de las comunidades locales, violando su autodeterminación y el derecho a un ambiente sano.
Un estudio reciente reveló que en 2023 se registraron 872 posibles granjas de cerdos en la región, con niveles de contaminación que superan hasta ocho veces los límites permitidos por las normas mexicanas. Además, los ambientalistas han instado a que se cumpla el Convenio de Ramsar, que protege humedales de importancia internacional, cruciales para aves acuáticas.
Sofía Morín criticó la falta de diálogo con las autoridades locales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes solo aceptaron el documento de protesta sin ofrecer una reunión. El documento, respaldado por 150 residentes de Santa María Chi y 10 organizaciones, junto con 21 mil firmas digitales, denuncia el impacto ambiental y el maltrato animal en las megagranjas.
Mercy For Animals Latinoamérica, con presencia en varios países, ha documentado condiciones inhumanas en estas granjas, como el maltrato de hembras enjauladas y prácticas dolorosas como la castración sin anestesia y la amputación de colas y colmillos. Cada año, la Península de Yucatán produce dos millones de cerdos destinados a exportación, principalmente a Asia.
Las organizaciones han pedido una intervención internacional urgente para proteger a las comunidades indígenas y mitigar los daños ambientales causados por esta industria.
