Orizaba.- En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos en México, las integrantes de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz condenaron enérgicamente el asesinato de la fiscal especializada en la investigación de delitos de violencia contra las mujeres de la región de Pánuco, Yendi Guadalupe Torres Castellanos al considerar que se hace evidente que la Entidad es una de las más peligrosas para las activistas en Mesoamérica.
Las integrantes de la Red y representantes de otras agrupaciones: María López de la Rica, María de la Cruz Jaimes, Luz María Reyes, Arlette Cerón y Lissette Dalila Rojas, reprobaron que incluso antes de que inicien la investigación, tras el asesinato de las defensoras, se les criminalice de manera tajante.
López de la Rica dijo: “Las defensoras estamos en situación de mucha vulnerabilidad desde el 23 de noviembre de 2016 que se declaró la Alerta de Género y es muy poco lo que el Gobierno ha implementado para llevar a cabo lo que eso indica, significa que estamos sin protección y con el caso de la Fiscal nos pone a todas en mayor situación de riesgo”.
Reyes Huerta y Jaimes García indicaron que existe un protocolo federal para su protección, sin embargo, en la aplicación no le ven mayor resultado como el botón de pánico, “es como renunciar a tu intimidad, a tu vida, que andes todo el tiempo con guarura, necesitamos que el Estado garantice seguridad y una vida libre de violencia”.
Agregaron que los principales agresores del sector son los servidores públicos, en muchos casos los policías y quienes paradójicamente tienen el deber de salvaguardar la integridad y derechos de los ciudadanos.
Los estados más mortíferos para activistas son: Guerrero con cinco asesinatos, Ciudad de México y Tamaulipas con tres casos cada uno y el Estado de México, Puebla e Hidalgo con dos, respectivamente, seguido de Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Yucatán e Hidalgo con un asesinato.
Señalaron que México es un País más violento, principalmente de 2013 al 2016, es decir, este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ya que ocurrieron mil 360 agresiones, cifra que es mayor en comparación con Honduras, Guatemala y El Salvador.
