AGENCIA
Nacional.- Durante una entrevista realizada por Transporte.mx en 2020, el dueño de una empresa de transporte en el Estado de México reveló que la compra de diésel robado es una práctica extendida entre los transportistas. Esta actividad no solo afecta económicamente a los dueños de camiones, sino que también tiene consecuencias graves para la industria y la seguridad pública.
Según estimaciones, aproximadamente el 30 por ciento (%) de las empresas permisionarias del transporte de carga en México utilizan diésel robado. Se estima que, de los 385 mil barriles diarios de diésel consumidos en el país, cerca de 128 mil provienen de tomas clandestinas.
Las autoridades mexicanas han detectado que algunas empresas transportistas optan por comprar combustibles robados para reducir costos y mejorar márgenes de utilidad, especialmente aquellas con permisos de autoconsumo. El precio del diésel adquirido ilegalmente puede ser hasta 7 pesos más barato por litro en comparación con el precio en las gasolineras legales. Esto les permite ofrecer precios de fletes más bajos, generando una competencia desleal y afectando la recaudación de impuestos.
El fenómeno de la informalidad en el sector del transporte también contribuye a esta situación. Tanto pequeñas como medianas y grandes empresas recurren a prácticas como el outsourcing para reducir costos y evitar cargas administrativas, aunque no todas se involucran en la compra de combustible ilícito.
Elías Jiménez, en un documento del Instituto Mexicano del Transporte, señala que, aunque algunas empresas informales pagan impuestos sobre el consumo de diésel, no todas participan en prácticas ilegales como la compra de huachicol. Sin embargo, las consecuencias de utilizar diésel robado son severas, incluyendo daños al sistema de carburación, fallas en el desempeño del motor y riesgos de incendio vehicular.
Es importante destacar que la compra de combustibles de procedencia ilícita constituye un delito grave que puede resultar en penas de hasta 25 años de prisión para los compradores, además de las graves afectaciones mecánicas y de seguridad que pueden ocasionarse a las unidades de transporte.
Las autoridades continúan implementando medidas para combatir esta práctica ilegal y promover el cumplimiento de las regulaciones en el sector del transporte de carga en México.
