AGENCIA
Nacional.- A pesar de contar con un presupuesto asignado para el año 2024, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no ha liberado fondos para 111 proyectos de refugios y estancias de atención externa, generando preocupación entre las responsables de estos espacios ante la dificultad de proporcionar servicios esenciales a mujeres víctimas de violencia.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), expresó que, aunque los proyectos han sido aprobados, no se ha formalizado ningún convenio ni se han entregado los recursos necesarios, lo que limita severamente la capacidad de los refugios para ofrecer apoyo adecuado.
La situación se ve agravada por el hecho de que el incremento presupuestal de este año fue de apenas 0.02 por ciento (%) respecto al anterior, una cifra que no solo es insuficiente para cubrir las necesidades operativas de los refugios, sino que también contradice los requerimientos legales de ajuste por inflación.
Como resultado, muchos refugios enfrentan escasez de insumos básicos como medicamentos, alimentos y ropa, y se ven obligados a recurrir a donaciones y otras formas de financiamiento alternativo para continuar funcionando.
Figueroa ha instado al gobierno federal a entregar los recursos prometidos con urgencia y a asegurar la continuidad de los servicios vitales para las mujeres en situación de violencia. Además, ha destacado la importancia de abordar otros problemas emergentes como la violencia cibernética.
Este llamado a la acción se hace eco en un contexto donde la violencia contra las mujeres en México sigue siendo una crisis severa. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato se destacó en 2023 como uno de los estados más peligrosos para las mujeres y niños, registrando el mayor número de homicidios dolosos de mujeres en el país, incluyendo 48 menores de edad.
Además, colectivos feministas han acusado a las autoridades de Guanajuato de manipular las cifras de seguridad para evitar la activación de la alerta de género, minimizando el número de casos clasificados como feminicidios.
Esta crítica situación subraya la urgente necesidad de un compromiso más firme y efectivo del gobierno para combatir la violencia de género y garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en todo el país.
