AGENCIA
EdoMex.- La alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Matías Esquivel, se ha visto envuelta en un escándalo de gran magnitud tras ser señalada por su posible vinculación con el crimen organizado (CO).
Según una investigación del periodista Héctor de Mauleón, la funcionaria habría establecido una relación con el Cártel de la Familia Michoacana durante su campaña electoral de 2022, cuando contrajo una deuda millonaria a cambio de apoyo electoral que habría comprometido su gestión pública y, posiblemente, su integridad política.
Según las fuentes de la investigación, Matías Esquivel, candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habría acordado una deuda de 15 millones de pesos con los líderes del Cártel de la Familia Michoacana a cambio de su respaldo durante las elecciones.
Esta deuda, que se sumó a su campaña política, incluía la promesa de favorecer los intereses criminales del cártel una vez en el poder. Se presume que, a cambio, la alcaldesa permitió la operación de actividades ilícitas dentro de su municipio, como secuestros, extorsiones y despojo de propiedades.
La implicación de la alcaldesa en estos actos de violencia ha generado un fuerte repudio tanto en la ciudadanía como en sectores políticos, evidenciando la penetración de los cárteles del narcotráfico en las estructuras de gobierno local. La situación también ha puesto en duda la transparencia en los procesos electorales y las prácticas utilizadas por algunos políticos para acceder al poder.
Además de la alcaldesa, su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, también está bajo investigación. Se señala que Hernández de Paz habría facilitado el contacto entre la Familia Michoacana y su esposa para asegurar su victoria electoral. En una maniobra política, se habría recurrido a métodos violentos como el secuestro del suegro de una candidata rival, Teresa Reyes Loza, obligándola a abandonar su aspiración por razones de seguridad.
Este tipo de prácticas ha desatado un escándalo en la política local, revelando la influencia del crimen organizado en las decisiones políticas y elecciones en diversas partes del país.
El 22 de noviembre, las autoridades mexicanas ejecutaron una serie de detenciones bajo el Operativo Enjambre, que tiene como objetivo desmantelar redes de funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado. Entre los detenidos se encuentran funcionarios de municipios cercanos a Santo Tomás, acusados de estar involucrados en actividades delictivas como secuestros y extorsión.
A raíz de las investigaciones, tanto María del Rosario Matías como su esposo huyeron del Estado de México, y se cree que se trasladaron a Guerrero, donde buscarían protección de sus aliados criminales. Para evitar ser localizados, los implicados tomaron medidas para despistar a las autoridades, incluyendo dejar sus teléfonos celulares en sus viviendas.
Este caso ha puesto en evidencia la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales, lo que pone en riesgo la seguridad y la justicia en diversas regiones del país. La complicidad de funcionarios con organizaciones criminales como la Familia Michoacana resalta la urgente necesidad de revisar las estrategias de seguridad pública y fortalecer las instituciones para garantizar que las autoridades locales no se conviertan en cómplices de actividades ilegales.
Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de la alcaldesa y su esposo, la pregunta sobre la permeabilidad de la política mexicana frente al crimen organizado sigue sin respuesta, agravando la situación de inseguridad en el Estado de México y otras regiones del país.
