AGENCIA
Hidalgo.- Amado Pérez Hernández, alcalde con licencia de Zacualtipán, Hidalgo, confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra, emitida en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de violación. El edil, afiliado al Partido del Trabajo (PT), calificó el proceso como un “montaje político” y ha iniciado trámites de amparo para evitar su detención.
En un video publicado en su cuenta de Facebook el lunes 4 de noviembre, Pérez Hernández compartió que recibió la noticia de la orden judicial de “buena fuente” y señaló que se enteró de esta acción el miércoles anterior. Explicó que hace tiempo no visita el Estado de México, salvo ocasionales viajes a la Ciudad de México para realizar compras, y aseguró que no ha tenido contacto reciente con municipios mexiquenses, lo que lo sorprendió al ser vinculado a este presunto delito.
Pérez Hernández, quien sostiene que esta acusación tiene motivaciones políticas, señaló a su predecesor, Edgar Moreno Gayosso, del PRI, como el posible responsable de orquestar la situación para evitar su regreso al cargo. Según el alcalde, pretendía exponer “situaciones muy oscuras” de la administración anterior, aunque evitó dar detalles específicos.
En el video, el alcalde expresó su inocencia: “Yo sería incapaz de hacer una atrocidad de esas. Lo digo mirándolos de frente; no tengo de qué avergonzarme”. Además, en el mensaje que acompaña la grabación, comentó que estas acusaciones buscan desacreditarlo ante el avance de un proyecto de cambio en Zacualtipán, el cual habría generado malestar en quienes “se sentían dueños de la administración pública” de ese municipio.
Pérez Hernández también solicitó audiencia con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y con el fiscal mexiquense José Luis Cervantes Martínez, al tiempo que pidió a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo y a su titular, Francisco Fernández Hasbun, no prestarse a lo que llamó una “chicanada procesal”.
Cabe recordar que Pérez Hernández solicitó licencia a su cargo el pasado 23 de octubre, por un periodo de 30 días y sin goce de sueldo. Desde antes de este anuncio, ya había gestionado la protección federal para evitar la detención en su contra, aunque hasta ahora no se había hecho público el motivo del amparo.
