Ayer 3 de mayo fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, festejo nulo en Veracruz, pues hay 17 periodistas asesinados, cuatro desaparecidos y un periódico, EL BUEN TONO, que fue quemado en la vorágine de violencia que azota desde hace una década a la entidad por la permisión e impunidad que desde las esferas del poder se le brinda a la delincuencia. En este lastimado Veracruz también se cuentan cuatro años de que fueron localizados, en el 2012, los cuerpos sin vida de tres compañeros secuestrados y asesinados por la mafia: Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. Nada que festejar, pues.
Para los católicos fue la fiesta de la Santa Cruz, celebración que va unida al día de los albañiles, un oficio milenario que junto con el de los pescadores, los campesinos y los maestros, es uno de los pilares de la sociedad. El albañil construye las casas donde vive la gente, los campesinos y los pescadores la alimentan, y los maestros le enseñan a entender el mundo y cómo vivirlo mejor. Vilipendiado por algunos, el trabajo en la albañilería es mucho más digno que muchos otros y sus trabajadores son más honestos que los políticos, eso se puede jurar sobre la biblia.
Y claro, para Córdoba el 3 de mayo es fecha para el recuerdo funesto del accidente químico en la fábrica de plaguicidas y fertilizantes Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), cuyas secuelas durarán un siglo, y miles de personas- que estuvieron y siguen estando en contacto con los venenos liberados-, fueron condenadas a presentar enfermedades mortales. El caso Anaversa es un crimen de lesa humanidad, porque las autoridades corruptas quisieron ocultar la tragedia y negaron apoyo a los afectados, muchísimos de ellos ya fallecidos.
DEL MISMO COSTAL
En el terreno electoral, el 3 de mayo fue el comienzo de las campañas de los aspirantes a las diputaciones locales, y en los distritos de la zona Centro -Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza, Zongolica y Huatusco-, los candidatos comenzaron su proselitismo en diferentes formas, aunque en términos llanos, la disputa se concentrará entre los candidatos de las coaliciones “Unidos para Rescatar a Veracruz”, formada por el PAN y PRD y de la “Alianza para Mejorar a Veracruz” integrada por el PRI, PVEM, PANAL, AVE Y PC.
El resto de los aspirantes no tienen posibilidades de ganar por las escasas bases militantes, recursos y estructuras. Si acaso en Córdoba, dicen algunos, el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Antonio Amador González, podría dar un susto a los priistas y panistas, sobre todo por el apoyo de la base magisterial que trae consigo. Ahí mismo en Córdoba, hay un fenómeno curioso: hay dos candidatos que aparentemente son opuestos, pero en realidad pertenecen al mismo costal.
Es decir, el candidato del PRI, Juan Manuel del Castillo -del cual muchos esperaban que se pusiera una falda, porque el distrito estaba reservado para una mujer, pero hicieron una maniobra extraña para meterlo con calzador en la formula, aunque su postulación será impugnada ante los tribunales porque no renunció a tiempo al cargo de Subsecretario de Finanzas en el gobierno estatal- es la carta de palacio de gobierno; mientras que la panista María de los Ángeles Sahagún, es la candidata del llamado “PAN rojo”, que representan el alcalde Tomás Ríos y el exdiputado federal por Huatusco, Víctor Serralde –o cómo se llame en realidad-.
Ni a cual irle, todo voto emitido por ellos será un sufragio para el mismo grupo de desaseados que gobierna hoy la entidad. En Córdoba será un duelo entre marranos y trompudos, pues mientras la señora Sahagún usará el aparato municipal para costear su campaña, Del Castillo hará lo mismo con el dinero de las arcas estatales. Aunque hay una versión más perversa, que la candidata panista es una postulación a modo para hacer que gane el priista a cuya campaña también fluirán fondos municipales. Tal para cual.
Algo parecido sucede en el distrito de Orizaba, donde la candidata azul, Alma Rosa Escobar Hernández, también es miembro del “PAN rojo” y va de la mano del exdiputado federal, Juan del Bosque Márquez, candidato del tricolor. Ahí también ni a cuál irle, y lo malo es que no crece el candidato de Morena, Rogelio Rodríguez García – ¿alguien lo conoce?-, que sería la opción ante estos dos candidatos del oficialismo, tan desacreditados.
LOS 9 COMPROMISOS
El ciudadano debe estar muy alerta para detectar a los “candidatos fraudulentos” –no porque se roben las elecciones, sino porque ellos mismos resultan un fraude como representantes populares-, y todo aquel que les prometa la realización de obras públicas sin ton ni son, empleos a montones, pensiones para adultos o becas para jóvenes y niños, por citar algunos ejemplos, es un mentiroso. No es función de un parlamentario hacer lo que le corresponde a los gobiernos estatal, federal y municipal.
Un Diputado es, primordialmente, un realizador de leyes y éstas deben ser en beneficio de la ciudadanía. También es un fiscalizador de recursos públicos, o sea, son los revisores para evitar que el dinero del pueblo se lo roben los funcionarios. En un tercer plano, el diputado es indirectamente un gestor o tramitador de fondos financieros para costear obra pública o programas sociales. El candidato lenguaraz que prometa de todo, no es de fiar.
Hay politólogos que sostienen que para que un candidato llegue a convertirse en un buen diputado sólo requiere hacer ocho compromisos ante sus electores. No más, con esas ocho acciones será suficiente si las cumple a cabalidad. Para empezar que se comprometan a llevar cada año ante la Cámara de Diputados una propuesta de Ley –o de reforma-, y una gestión de obra pública o programa en favor de sus representados. Si son 30 diputados, se tendrían 60 propuestas de Ley y 60 gestiones de recursos para obra pública en cada periodo legislativo, ¡Qué maravilla!.
En los tres años cumplirían los seis primeros compromisos. El séptimo es convertirse en verdaderos fiscalizadores del dineros; no vender su voto legislativo para ocultar desfalcos. En resumen, que hagan un compromiso de honestidad; mientras que la octava propuesta ante sus votantes es – en el caso específico de Veracruz-, aseguren su voto a favor de realizar juicios políticos o exigir procesos judiciales para encarcelar a los funcionarios salientes.
Mucho ojo: todo aquel candidato que no comprometa su voto para llevar ante los tribunales y a la prisión al Gobernador, a su impresentable antecesor y a los actuales funcionarios Estatales y Alcaldes, no merece que le den el sufragio. Así de simple, con ese compromiso exigido a cada candidato que toque su puerta o lo aborde en la calle o en sus negocios, el ciudadano podrá depurar la lista de opciones y decidir por quién votar.
Hay un noveno compromiso, de acuerdo a los politólogos, que es no abandonar el curul para saltar a otra candidatura o a un cargo gubernamental. Se debe romper con esa maldición de los llamados “diputados chapulines”, eternos vividores del presupuesto. Esta propuesta es urgente en Veracruz, donde parecen una plaga y hay casos extremadamente vergonzantes como el de la priista Ana Guadalupe Ingram, diputada local por Veracruz Urbano, quien a pesar de haber firmado ante un notario público que terminaría su encomienda durante la campaña de 2013, se burló de todos sus electores y dejó botada la encomienda para convertirse en candidata a la diputación federal el año pasado.
Lo bueno del caso es que los porteños le dieron un castigo a la señora Ingram y le impidieron llegar a San Lázaro. Sin embargo, con esa acción la ex reina del Carnaval rompió la confianza que se debería depositar en un documento notarial y de paso perjudicó a todos los que quieran recurrir a ese trámite fedatario. Moraleja: desconfíen de todo aquel candidato que ofrezca firmar ante un notario sus propuestas, sobre todo si es priista. Desde hoy martes comienza la labor ciudadana para cuestionar y exigir definiciones a los aspirantes a una representación distrital, sobre todo en lo referente a los tres últimos puntos o compromisos.
