Por: Andrés Timoteo / columnista
Esta Navidad no será pacífica en Veracruz, no al menos para la jerarquía de la Iglesia Católica y los grupos ultraconservadores que se pondrán en pie de guerra contra los Gobiernos Federal y Estatal por la segunda Alerta de Género por Violencia contra las Mujeres, que ayer emitió la Secretaría de Gobernación para la Entidad, pues la misma exige reconocer el derecho a la mujer para decidir sobre su cuerpo y exige cambios legales para que no sea criminalizada por abortar.
Proteger a las mujeres contra leyes que la llevan a la cárcel por interrumpir el embarazo y adecuar las leyes locales para que el aborto sea posible, es, obviamente, un desafío para la Iglesia Católica que desde hace dos sexenios ha tenido sometidos a los gobiernos en turno, incluyendo a la Administración que preside el actual Gobernador, que no se ha atrevido a desafiar a los retardatarios y “mochos”.
La segunda Alerta de Género es especial, inédita en el País, porque se basa en el “agravio comparado”, y para entenderlo hay que recurrir al contexto histórico. El año pasado, el 23 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación emitió una primera Alerta de Género, pero por los casos de feminicidios, es decir, el asesinato de mujeres por odio, por el sólo hecho de ser mujeres, y éste fue específicamente para once municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
En esos lugares los feminicidios estaban -o están- fuera de control y, se entiende, son territorios de alto riesgo para la población femenina. La Alerta de Género del año pasado ordenó a todas las instituciones gubernamentales activar protocolos de auxilio, prevención y protección de las mujeres. Fue, lo que se llama en la jerga de los activistas, una alerta de emergencia por muerte inminente. Una medida de apremio ante el peligro inminente.
Ahora, la segunda Alerta de Género es por “agravio comparado”, es decir, para corregir leyes nocivas cuyos efectos son comparados -iguales- a un homicidio. El agravio legal es equiparado al agravio físico, y consiste en que Veracruz tiene un Marco Legal y políticas públicas que atentan contra los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales, sanitarios y reproductivos.
Esta segunda Alerta de Género por Violencia contra la Mujer concretamente ordena al Gobierno de Veracruz modificar las leyes que criminalizan a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y para ello es insoslayable que se reformen los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de la Entidad para cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 046, vigente desde el 2005 y que obliga a las instituciones públicas, sociales y privadas a prevenir y atender la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Los artículos del Código Penal veracruzano mencionados en el decreto de la Secretaría de Gobernación condenan la interrupción del embarazo. El 149 expone que las mujeres cometen delito de aborto si se practican un legrado en cualquier etapa de la gestación, el 150 habla que la mujer que se provoque o consienta un aborto tendrá que ser sujeta a tratamiento sanitario y educativo, aunque esté en libertad. O sea, la consideran como una enferma mental.
Y el 154 niega toda opción de no punibilidad a las mujeres que aborten, es decir, sienta la base legal para considerar que toda mujer que aborte en Veracruz es una criminal. Esas leyes son un “agravio comparado” y deberán reformarse. Obviamente los alcances van más allá porque el Congreso Local tendría -en su caso- que replantear lo expuesto en el artículo 4 de la Constitución local, que habla que el derecho a la vida está garantizado desde el momento de la gestación hasta su muerte natural”.
Tal enmienda fue propuesta desde el sexenio del innombrable, votada en el Gobierno de Javier Duarte e intocada en este sexenio. Y el común denominador de todos esos períodos es la Iglesia Católica, cuyos jerarcas y grupos afines -ultraconservadores y fascistoides- han chantajeado a los gobernantes en turno y legisladores para obligarlos a castigar a la mujer que pretenda decidir sobre su cuerpo.
“El útero es propiedad divina”, parece ser el decreto de la Iglesia Católica que históricamente tiene una guerra contra las mujeres y ahora ésta se extenderá a los funcionarios que emitieron la Alerta de Género por Agravio Comparado, con la cual pretenden salvaguardar los derechos femeninos en el ámbito sexual y reproductivo. El desafío será antológico, sobre todo porque están en puerta las elecciones locales y federales.
Seguramente desde el púlpito los ensotanados llamarán al voto de castigo para quienes apoyen los derechos de la población femenina, además de repartir maldiciones y la promesa del infierno eterno a los que se pongan a favor de la mujer, pecadora por antonomasia para el Clero. Por el otro lado, habrá sanciones federales si no se observa el decreto para que el Gobierno de Veracruz los garantice y frene la violencia de género enquistada en las leyes. ¿Obedecerán a las leyes o a los clérigos? Tal es el dilema para el gobernante en turno y los legisladores locales.
PRECAMPAÑAS
En temas nacionales, pero de sumo interés para Veracruz, ayer iniciaron precampaña los tres aspirantes a ocupar la silla presidencial y los sitios de arranque proselitista son, por supuesto, indicativos. El tecnócrata José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal lo hizo en San Juan Chamula, Chiapas, uno de los puntos indígenas donde el priismo ha dominado a sangre y fuego. Inició su proselitismo del brazo del gobernador Manuel Velasco, catalogado como de los mandatarios más funestos en la historia de esa Entidad.
Meade recibió el tradicional “bastón de mando” y los collares de guirnaldas de los indígenas chiapanecos para dar un mensaje de que comienza con un reconocimiento a los pueblos originarios del País, los pobres entre los pobres y olvidados entre los olvidados. Vaya, eso sí es como intentar mezclar el agua con el aceite, pues un precandidato tecnócrata, nacido en cuna de plata y autor de políticas empobrecedoras para los mexicanos -y cuyos más afectados son los indígenas- ahora usa el escenario étnico para engañar a la opinión pública de que se preocupa por los marginados.
Por su lado, el panista Ricardo Anaya Cortés, de la Coalición “Por México al Frente”, que conforman el PAN, PRD y PMC, arrancó precampaña en la Sierra Gorda de Querétaro, su Entidad natal. Eligió -al igual que Meade- un municipio indígena, Amecalco de Bonfil, donde prometió combatir la corrupción y la impunidad, además de que realizará una campaña austera como también lo será su Gobierno si llega a Los Pinos. Vaya, otro ‘pirrurris’ usando un escenario indígena para engatusar a la opinión pública.
El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, precandidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) inició proselitismo en la Ciudad de México, el bastión más importante que tiene el ‘pejismo’ en el País y donde seguramente se harán con la Jefatura de Gobierno con la postulación de la delegada con licencia de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo.
Lo hizo en el salón de eventos de un lujoso hotel del Centro Histórico -ahí está la primera contradicción- donde hizo la presentación de su Gabinete Presidencial si gana los comicios del 2018. Algunos nombres son de lujo por su profesionalismo y ética, pero otros de decepción. Por ejemplo, está el zedillista Esteban Moctezuma Barragán, quien fue secretario de Gobernación en el priismo y ahora lo pretende poner como secretario de Educación Pública o el empresario salinista Miguel Torruco, que está propuesto para la Secretaría de Turismo.
