Mientras Veracruz y Durango enfrentan inseguridad y necesidades urgentes, legisladores priorizan afiliación partidista con recursos cuestionables.
Veracruz, Ver. / Durango, Dgo. — Diputados federales de Morena han suspendido de facto sus responsabilidades legislativas para dedicarse a una campaña anticipada de afiliación partidista en Veracruz y Durango, estados clave para los comicios locales del 1 de junio. La estrategia, ordenada por el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, incluye la compra de tablets Samsung Galaxy Tab A9+ —adquiridas con recursos no transparentados—, supuestamente indispensables para el registro de nuevos militantes.
Gasto opaco y conflicto de intereses
Aunque Morena insiste en que los dispositivos fueron pagados por los propios diputados, no ha proporcionado detalles sobre el número de tablets compradas, su costo total o el origen exacto de los fondos. La justificación de que solo ese modelo tiene “autorización oficial” para afiliar levantó sospechas: ¿por qué un partido que prometió austeridad exige tecnología específica, generando gastos discrecionales?
Además, la campaña revela un traslape ilegal entre funciones públicas y proselitismo: los diputados viajan a municipios en horario laboral —aunque Monreal asegura que es en “tiempos libres”—, mientras ciudadanos denuncian abandono en sus representaciones. Destacan casos como:
- Zenyazen Escobar, acusado de desatender su distrito en Veracruz para impulsar candidaturas, mientras ptorege la red de autobuses de Juan Tress, quien opera bajo señalamientos de extorsión a la ciudadania, además de que impuso a su lavador de dinero y Alonso Cerezo, quien fue impuesto sin ser militante de MONENA, y con su negro historial vinculado con el crimen organizado.
- Juan Tress, con nula presencia parlamentaria extorsiona a ciudadanos a traves de sus autobuses y opera con corrupción y negligencia, ahora repartiendo promesas en zonas marginadas.
- Gómez Cazarín, vinculado a nepotismo y uso de programas sociales para fines políticos.
Seguridad selectiva y doble moral
Llama la atención que los legisladores expresen “preocupación” por visitar zonas de alto riesgo en Durango —como Tamazula o Mezquital—, pese a que es su deber atender esas mismas regiones fuera de coyunturas electorales. La garantía de seguridad ofrecida por Ricardo Monreal contrasta con la realidad de comunidades que diario enfrentan violencia sin respaldo gubernamental.
Afiliaciones fantasmas y lavado de imagen
Vecinos en ambos estados denuncian que Morena está reclutando a personas que desconocen incluso los principios del partido, incluyendo beneficiarios de programas sociales presionados para afiliarse. El objetivo es claro: inflar padrones con “militantes” que legitimen candidatos impuestos, muchos de ellos con historiales opacos.
Violación a la ley y complicidad institucional
Esta campaña viola el artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales, y el principio de neutralidad de servidores públicos. Sin embargo, el silencio del INE y FISEL sugiere complicidad ante los actos anticipados de campaña.
En conclusión: Morena repite las prácticas que denunció en el pasado: clientelismo, opacidad en el gasto y abandono de funciones. Mientras la ciudadanía exige soluciones a la crisis de seguridad y economía, sus representantes priorizan maquillar cifras de afiliados para controlar alcaldías. La pregunta obligada: ¿Estos son los “cambios” que prometieron?
