AGENCIA
Nacional.- Ante el aumento de desapariciones en México y la urgencia de identificar restos humanos en fosas clandestinas, autoridades y organizaciones civiles han propuesto la creación de un “Kit de muestra genética” que incluiría cabellos, huellas dactilares y datos de ADN de cada ciudadano. Sin embargo, Luis Espinoza Muñoz, asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, advirtió sobre los graves riesgos de esta propuesta, especialmente para niños, niñas y adolescentes.
En una conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV), Espinoza señaló que la propuesta podría vulnerar el “patrimonio genético” de la ciudadanía si no cuenta con un marco normativo que garantice la protección y uso ético de estos datos. Durante el evento, moderado por el doctorando en Derecho Sandro Francisco Gómez Valdés, estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) cuestionaron la viabilidad de esta medida en un país donde aún no existe suficiente regulación para el manejo seguro de datos personales sensibles.
Espinoza explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) había planteado una iniciativa similar, inspirada en la Clave Única de Registro de Población (CURP), que involucraría a todos los ciudadanos. Sin embargo, subrayó que la falta de un marco normativo adecuado aumenta el riesgo de un mal uso de la información genética. “Es peligroso entregar el patrimonio genético al gobierno federal sin un marco que lo regule y blinde. Sin regulación, estas bases de datos pueden ser vendidas o mal empleadas, como ocurrió con el padrón del INE hace algunos años”, comentó, haciendo referencia a la venta de bases de datos en el mercado de Tepito en Ciudad de México.
El asesor también mencionó el caso de la Fiscalía de La Mancha, donde se estableció un laboratorio de genética con datos de familiares de desaparecidos y de funcionarios públicos. Sin embargo, alertó sobre los riesgos de entregar muestras biológicas a instituciones sin un protocolo de seguridad adecuado. “Muchos servidores públicos entregaron sus datos genéticos sin conocer los riesgos, pues no había un consentimiento claro. Sin una regulación específica, esta información podría ser mal utilizada”, advirtió.
Para Espinoza, un sistema de recolección de datos genéticos puede ser útil en la búsqueda de personas desaparecidas, pero su implementación debe garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. Insistió en la necesidad de un marco legal sólido que regule el uso y almacenamiento de información genética y que garantice que los datos personales no se conviertan en un riesgo adicional para los ciudadanos.
