ADIÓS A LA POBREZA

La terca memoria: el 30 de marzo del 2011, tres meses después de asumir el cargo, el gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa, anunció el Plan Veracruzano de Desarrollo de su sexenio (PVD 2011-2016), en el cual había el compromiso de reducir por mitad el número de pobres en la entidad.  “Mejoraremos sensiblemente el índice de desarrollo humano en los municipios con mayor pobreza, habrá programas especiales de alimentación temprana para niños en comunidades indígenas, para que no exista esa brecha de desigualdad y podamos brindarles la oportunidad de un mejor desarrollo”, fueron las palabras textuales de Duarte de Ochoa en esa presentación.

 

Eso sería posible con el programa estelar llamado “Adelante”, que también presentara en aquella ocasión, y así, la promesa para reducir la pobreza en un 50 por ciento era, por supuesto, espectacular y también muy demagógica. Eran esos tiempos en que también pregonaba que sería el “mejor gobernador en la historia de Veracruz”. En el 2011 había 7 millones de habitantes en Veracruz y de ellos 3 millones 900 mil estaban en pobreza y  de ellos, 2.5 millones en pobreza extrema. El término pobreza extrema es complejo en cuanto a las condiciones para determinarlo, es decir, ¿cómo saber que un pobre es más pobre que otro?

 

Los  estudiosos y evaluadores de los  índices económicos han coincidido en una consideración general: la pobreza extrema también es pobreza alimentaria o sea cuando la gente no tiene seguro su alimento del día, cuando no tiene los recursos ni para comprar la comida diaria. Así, como ya se ha dicho en otros textos, Duarte de Ochoa se comprometió a sacar de la miseria a 1 millón 250 mil personas, si se toma en cuenta la cifra de la pobreza extrema, es decir la más urgente a atender y eso  implicaría que cada año 208 mil personas dejarían esa condición de pobreza – a razón de 570 diariamente-.

 

Un par de años más tarde, el 11 de febrero del 2013, en un evento realizado en Mixtla de Altamirano, municipio ubicado en la Sierra de Zongolica y clasificado como uno de los más pobres a nivel nacional, la presidenta del DIF estatal, Karime Macías, junto con el entonces secretario de Desarrollo Social de la entidad, Marcelo Montiel, decretaron el fin de la pobreza en esa localidad al  presentar el programa “Adiós a la pobreza” y aseguraron en 30 días –es decir, para el 11 de marzo de ese año- el programa “habrá alcanzado sus objetivos: cobertura total de los servicios básicos, cerrando este ciclo para replicarlo en otros municipios”, según dio cuenta el  comunicado difundido por  la Coordinación de Comunicación Social.

Por decreto, Mixtla de Altamirano dejó de tener habitantes pobres desde marzo del 2011.

 

Nueve meses después, el 9 de diciembre, otro comunicado oficial remarcaba: “En Veracruz es posible reducir la pobreza extrema y hoy 327 mil veracruzanos ya no se encuentran  en pobreza extrema”. Citaba que el programa “Adiós a la pobreza” se había replicado también en Tehuipango, en la Sierra de Zongolica, que durante más de una década fue calificado como el municipio más pobre del país. Para el Gobierno estatal, tanto en Tehuipango como en  Mixtla de Altamirano y otras comunidades de la entidad se cumplieron a cabalidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio, suscritos en el año 2000 por los Jefes de Estado que convergen en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

En todos esos lugares se había “erradicado la pobreza extrema y el hambre, se logró la enseñanza primaria universal, y se promovió la igualdad de género y la autonomía de la mujer. También se había “reducido la mortalidad infantil, se mejoró la salud materna, se combatió el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, se garantizó la sostenibilidad del medio ambiente y se fomentó la asociación para el desarrollo”. Todo era éxito, pues. Y las cifras fabulosas no quedaron allí porque en su comparecencia ante los diputados locales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, Alberto Silva Ramos, que en agosto había sustituido a Marcelo Montiel, duplicó los logros en ese rubro.

 

En el recinto parlamentario, Silva Ramos aseguró que eran 633 mil veracruzanos que habían dejado de ser pobres: 327 mil superaron la pobreza extrema y 306 mil abandonaron la condición de pobreza moderada. Obviamente todos – a excepción de los diputados locales que le aplaudieron a rabiar- tomaron esa declaración como falsa porque Silva Ramos le aprendió bien a su maestro, el impresentable ex gobernante, que mentía cotidianamente. No hay que olvidar que en abril del 2009, cuando era Subsecretario de Desarrollo Social en la fidelidad decretó libres de pobreza a once municipios de Veracruz y al final de ese 2009, elevó La cifra a 50 municipios en donde la miseria había desaparecido.

 

Vaya, entre los disparates que dijo el funcionario fidelista en ese tiempo estaba aquel que afirmaba que el municipio de Córdoba “no tenía un solo hogar con piso de tierra”.  El 26 de marzo del 2009, Silva Ramos, acompañado por el entonces alcalde Juan Lavín, entregaron cemento en la congregación de San Isidro Palotal y ambos afirmaron que con el programa “Piso Fiel” –todos los programas llevaban el nombre del impresentable- había abatido la necesidad de un suelo digno en Córdoba y sus comunidades, y ahora era libre de pisos de tierra y en breve sería libre de pobreza. Una mentira del tamaño del mundo.

 

Para los fidelistas el engaño es su alimento cotidiano, aunque como señala la sabiduría popular, el hombre es esclavo de sus palabras, y así todo lo prometido tanto en la fidelidad como en el Gobierno de Duarte de Ochoa se les vuelve en contra. Las mentiras se les cayeron y el El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016,  junto con su programa estrella “Adelante” se desfondaron. En Veracruz no ha disminuido la pobreza sino al contrario, se ha disparado el número de personas en necesidad, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval)que se hicieron públicas el pasado 24 de julio.

 

Veracruz elevó del 52.6 al 58 por ciento su población en pobreza, por encima de la media nacional y se ubica actualmente como la segunda entidad del país, después del Estado de México, en que la miseria no se revirtió sino que se disparó. En los últimos cuatro años surgieron 492 mil “nuevos pobres” y las condiciones socio-económicas de la entidad retrocedieron veinte años. Todas las cifras dadas al Poder Legislativo y a la opinión pública  fueron mentiras, se  intentó engañar a la opinión pública –bueno, a los que creyeron el sainete-. Duarte hizo todo lo contrario a lo que prometió, así de siempre, aunque sólo para la mayoría de los veracruzanos. Es decir, si se revisa desde la óptica particular y no general, no todo es falacia porque  él, su familia, la familia de su suegro, y la mayoría de sus colaboradores, amigos y compadres dejaron –eso sí- su situación de pobreza.

 

Muchos entraron al gabinete con lo básico y ahora son millonarios – dueños de edificios, mansiones en Veracruz y el extranjero, de aviones, de radiodifusoras, de gasolineras, empresas proveedoras de servicios, de restaurantes, de hoteles, y de muchos negocios-. Menos de seis años bastaron para que se cumpliera a cabalidad dicho compromiso de  “Adiós a la pobreza”. La confusión fue no entender bien el mensaje: la promesa y el programa no eran para todos los veracruzanos sino para unos cuantos, los más vivillos – y pillos- que “ahora ya comen con manteca” como dirían los viejos
del pueblo.

 

EL MIEDO A  LOS MAESTROS

 

Hay una embestida del Gobierno federal contra los maestros que no están alineados en los sindicatos gobiernistas y  específicamente contra  los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El golpe más fuerte se dio hace unos días en Oaxaca con la desaparición del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEPO) y el congelamiento de las cuentas bancarias de la Sección 22 del SNTE,  actualmente una de las organizaciones más contestatarias y con capacidad de movilización masiva.

 

Con esas dos medidas, aunada a procesos judiciales que se prevén contra líderes magisteriales  se pretende exterminar el movimiento de educadores que defienden sus derechos laborales y  la educación pública. Ellos son un estorbo para el proyecto privatizador de la enseñanza, son el obstáculo para que la educación en México se concrete como negocio de unos cuantos y, por supuesto, privilegio de otros menos, los que puedan pagar la formación privada.

 

Vaya, tanto es el miedo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene a los maestros que destina a la Gendarmería Nacional, al Ejército, aeronaves y Policía Federal para enfrentarlos si deciden movilizarlos y realizar las redadas y detenciones que sean necesarias para descabezar la organización. Es la locura, toda la fuerza del Estado dirigida contra los educadores cuando lo que deberían de hacer es usar esos efectivos y ese equipo para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos.

 

En regiones enteras del país los cárteles de la droga se convirtieron en autoridades de facto, cientos de poblaciones viven en zonas de guerra, diariamente se asesinan y secuestran a decenas de personas y el Gobierno federal prefiere distraer los instrumentos para establecer la ley –soldados, policías, armas, vehículos y equipo- en cazar a maestros democráticos. La andanada contra la CNTE se prevé intensa. Ya el mismo secretario de Educación, Emilio Chuayffet,  festina el final de lo que llama “marchometro” –las movilizaciones masivas de profesores- y “actos vandálicos” –las protestas en plazas y edificios públicos- pero tales amagos no son suficientes para detener al movimiento magisterial.

 

Los maestros de la CNTE y de otras organizaciones democráticas no son improvisados en la lucha social ni se asustan frente a los riesgos que ésta implica. Durante décadas han remado contra corriente y han enfrentado la represión, han pagado con sangre la defensa de sus derechos y de la educación pública. Se han enfrentado al aparato estatal y han resistido, entonces,  la embestida actual no los amedrenta ni paraliza. En los últimos meses los maestros han puesto el ejemplo de defender sus logros históricos y los bienes de la nación, cosa que no hicieron otros gremios, y así se espera que sigan aunque haya pausas necesarias para el reagrupamiento.

 

El golpe es duro, pero no es la derrota. La reacción tendrá que llegar sea tarde o temprano, y es el pueblo el que debe sostenerlo. No es posible que  a los educadores se les considere y se les trate como criminales y a los verdaderos delincuentes se les proteja y se les conceda un permiso para delinquir a gusto. La pregunta es simple, para que el ciudadano decida a quién apoyar: ¿a quién se le debe tener más miedo: a un maestro marchando o  a un soldado, a un policía, a un narcotraficante o a
un político?