Amatlán.- Una mujer de 84 años y sus 2 hijos, vecinos de Paraje Nuevo, acusaron públicamente a un transoportista de pretender encarcelarlos, acusándolos de supuesto despojo de un terreno, el cual señalan los afectados que es de su propiedad.
Alberto Torres Gil, de 56 años, vecino de Paraje Nuevo, acusó a Luis Romero Martínez, dueño de la empresa transportadora “FYPA”, asegurando que de manera ilegal pretende meterlos a la cárcel a él, a su madre, Ángela Gil Martínez, de 84 años, y a su hermano Pedro Torres Gil, de 55 años.
A través de un documento, el agraviado indicó que “somos unos humildes campesinos, y el señor Luis Romero pretende meternos a la cárcel, acusándonos de despojo de un terreno que dice es de su propiedad, siendo que el mismo -terreno- se lo dio el señor Arturo Sotomayor a mi madre, como pago por liquidación laboral en el año 1977, después de haber trabajado ella y mi papá para él por más de 25 años. Arturo Sotomayor era el dueño del rancho “La Esperida”, a quien Romero Martínez le compró dicho rancho para guardar sus pipas”.
El quejoso dio a conocer que Romero Martínez y su esposa, María Magdalena González Ruíz, mediante escritura pública 12253, pasada ante la fe del notario público número 12 de Córdoba, firmó la escritura de compra-venta en su favor, por lo que es legítimo propietario del terreno, “del cual el señor Luis Romero ahora pretende lanzarnos, y utilizando dinero e influencias, presentó una denuncia ante la agencia del Ministerio Público Sector Norte de Córdoba, a pesar de que existe escritura pública que acredita la legitimidad de mi propiedad, así como diligencias judiciales que acreeditan la posesión que de ese terreno tiene mi madre, desde hace 37 años”.
Torres Gil, mencionó que “el agente del Ministerio Público nos consignó ante el Juzgado, acusándonos de que mi mamá, junto con sus hijos Alberto y Pedro Torres Gil, lo atacamos con machetes y lo lanzamos de dicho inmueble”.
Por eso, agregó, “el juez Primero de Primera Instancia, de La Toma, en la causa penal 14/2014, de manera inexplicable nos libró orden de aprehensión”.
Otra de las irregularidades, dijo, es que Romero Martínez, de manera fraudulenta e ilegal, promovió un juicio civil ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, bajo el número de expediente 33/2009, donde no fueron oídos ni vencidos los ahora afectados, y “después de un juicio fraudulento, por las relaciones sociales y poder económico, lanzaron de una construcción a una señora de nombre Rosa María Velázquez Hernández, a pesar de que ella también era propietaria de una fracción de dicho predio, y ahora pretente meternos a la cárcel”.
Los inconformes, a través de este medio, demandaron “que no se aprovechen los ricos y poderosos, en contubernio con las autoridades, para despojar personas humildes como nosotros, de los pocos bienes que tenemos, y que nos quiten nuestra libertad”.
de la redacciÛn
El Buen Tono
