AGENCIA
Nacional.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, enfrenta acusaciones por presunto uso indebido de recursos públicos para asistir a eventos políticos organizados por Morena en apoyo a la Reforma Judicial. La denuncia, presentada por el periodista Carlos Loret de Mola en su programa en Latinus, ha desatado una polémica en torno a la imparcialidad y el manejo de recursos en el máximo tribunal del país.
Según el reportaje, Batres habría realizado múltiples viajes entre julio y agosto a diversas ciudades como San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Monterrey y Tijuana, entre otros. En estos lugares, participó en foros y coloquios que, aunque fueron reportados como actividades académicas, presuntamente tuvieron un tinte político al promover la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los eventos destacados ocurrió el 17 de julio en el Congreso de Nuevo León, organizado por la bancada morenista. Días después, Batres participó en foros en Guanajuato y Durango, además de actos en Mexicali junto a la alcaldesa morenista Norma Bustamante Martínez.
Loret de Mola presentó documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia que, según él, evidencian que los viajes fueron financiados con recursos de la SCJN. Entre pasajes y viáticos, se estima que Batres y Eduardo Murillo Torres, un funcionario de su oficina que la acompañó, gastaron cerca de 160 mil pesos del erario público.
La SCJN ha reservado información relativa a facturas y comprobantes de los viajes, argumentando razones de seguridad nacional, lo que ha incrementado las críticas hacia la falta de transparencia.
Hasta ahora, Lenia Batres no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre las acusaciones. La controversia se amplifica por su relación familiar con Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y su autoproclamación como “la ministra del pueblo” al asumir el cargo.
La denuncia de Loret de Mola ha puesto en el centro del debate el papel de los jueces en actividades políticas y el manejo de recursos públicos en el Poder Judicial. En un contexto de tensiones entre la SCJN y el gobierno federal, el caso podría tener implicaciones más allá de la figura de Batres, afectando la percepción de independencia del Poder Judicial en México.
El caso sigue en desarrollo y se espera que la ministra o la SCJN emitan una postura oficial en los próximos días.
Salió bien atascada la ministra del bienestar y lo mal habido. Y son los hechos, ya es sabido: Lo que presumen de probidad es directamente proporcional a su falta de integridad.
A que “ministra” tan “transparente y tan güey”. Dirán que es invento de Loret, cuando ella misma publica sus actos en redes sociales.
Partido político oficialista Morena infiltrado en el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación haciendo activismo/propaganda a favor de la espuria reforma judicial, con gastos a cargo de la SCJN.
