AGENCIA
CD. Juárez.- En mayo del año pasado, Ruth Escareño comenzó a notar un cambio drástico en el comportamiento de su hija de dos años, I.S.C.E., tras recogerla de la guardería con registro U0499 Techo Comunitario, AC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las crisis nocturnas y el temor al volver al centro llevaron a Ruth a una desgarradora conclusión: su hija estaba siendo abusada.
Relató que el lunes 22 de mayo de 2023, la pequeña empezó a llorar al ingresar a la guardería y se tocó la zona genital, repitiendo “pipí, pipí, pipí”. Ruth, angustiada, llevó a su hija al pediatra, quien le recomendó acudir a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM). Allí, un examen médico confirmó los temores de Ruth: su hija tenía desgarres en la zona anal.
La agente del Ministerio Público reveló una situación alarmante: “Nos estamos enfrentando a una mafia muy grande. Creemos que la maestra Naomy Yamileth Rodríguez Pérez trabaja para una red internacional”. Con 36 abogados particulares defendiendo a la maestra y la fiscalía difiriendo las audiencias, la lucha por justicia se ha convertido en una travesía agotadora para Ruth y otras familias afectadas.
El caso de I.S.C.E. fue el primero de 26 denuncias que implican a niños de entre 43 días de nacidos y dos años y medio. A pesar de las pruebas y los testimonios, la guardería permaneció abierta por meses, exponiendo a más niños a posibles abusos, señaló la madre preocupada. La directora de la guardería, Nidia Lara Lara, inicialmente minimizó la situación y ocultó información crucial, como los videos de seguridad, alegando que estaban en puntos ciegos o eran imágenes borrosas.
El 13 de julio de 2023, el IMSS finalmente anunció el cierre de la guardería para investigar las acusaciones, tras la detención y vinculación a proceso de Naomy Rodríguez. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el número de víctimas seguía creciendo. La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva calificó el caso de complejo debido a la edad de las víctimas, algunas de las cuales son lactantes.
Ruth ha denunciado repetidamente la negligencia del IMSS y la complicidad en el encubrimiento de los hechos. “El IMSS vino a dividirnos, a comprar y a querer tapar todo, es cómplice. Tiene muchas irregularidades”, declara Ruth, quien también critica la lentitud del proceso judicial. Algunas familias han recibido dinero a cambio de abandonar las denuncias, mientras que otras siguen luchando por justicia.
La historia de Ruth y su hija es un testimonio del dolor y la lucha contra un sistema que parece proteger a los agresores. Ruth ha prometido continuar su batalla, incluso si eso significa llevar su caso a la conferencia matutina del presidente. “No voy a quedarme callada, me tienen que matar para callarme. Ellos son chiquitos, no tienen voz, somos la voz de mi hija y de los demás niños”.
Este caso subraya la necesidad urgente de reformas en la protección infantil y la responsabilidad de las instituciones en garantizar la seguridad de los menores. La comunidad de Ciudad Juárez y todo México esperan que se haga justicia y que se tomen medidas para prevenir futuras tragedias como esta.
