Córdoba.- El ejidatario Vicente Martínez Huerta, quien asegura ser legítimo propietario de los terrenos de más de tres hectáreas en Puente Bejuco, acusó al titular del Juzgado Segundo Civil, por haber ordenado el lanzamiento de más de 100 familias, a favor de la empresa Turística del Golfo, aún cuando años antes el mismo Juzgado se declaró incompetente, al señalar que se trataba de un asunto agrario.
El ejidatario y su defensa, acudieron ayer al Juzgado Civil para realizar algunas diligencias y recabar elementos para proceder ante las instancias competentes.
La parte afectada reiteró que la mañana del jueves se ejecutó un desalojo, el cual resultó violatorio de los derechos de quien ha demostrado tener la legítima propiedad, Vicente Martínez Huerta, ya que cuenta con una constancia del Registro Agrario Nacional, donde señala que esos terrenos siguen siendo ejido, mientras que la empresa Turística del Golfo cuenta sólo con un contrato de permuta que fue celebrado el 6 de abril del año 2000, pero el Registro Agrario Nacional desconoce que exista alguna permuta y que exista una Central Camionera.
La defensa de Martínez Huerta, precisó que el año pasado, la entonces juez Patricia Montelongo Guerrero, determinó insubsistente el proceso emprendido por Turística del Golfo para adjudicarse este predio, al señalar que no se trataba de un asunto Civil sino que era de materia Agraria, de acuerdo con los artículos: 43, 44, 45 y 46 de la Ley Agraria.
El demandante señaló que hasta el momento no ha emprendido ningún procedimiento, ya que cuenta con 72 horas para interponer algún recurso, “pero lo que sí queda claro es que la empresa Turística del Golfo compra jueces para adjudicase un predio, que nunca pudo ganar de manera legal y se valió de la corrupción para obtener algo que no pudo ganar legalmente en un juicio, ni vencer a Vicente Martínez, ya que violaron mis derechos al no notificarme del desalojo, ni tomar en cuenta la Carpeta de Investigación que se lleva ante la Fiscalía por presunto delito de despojo, ya que la empresa turística tenía delimitada su propiedad con una barda que ya fue derribada para poder entrar al terreno que se adjudica”.
Además, señaló que el representante legal de la empresa camionera, Ramiro Zamora Mendoza, no mostró documentación que amparara el acto del desalojo.
