De la Redacción
el buen tono
Córdoba.- La reciente noticia del asesinato de Adonahi Ulises Miranda Vizcaíno ha puesto bajo el escrutinio público al delegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Mando Único, Armando Gutiérrez Quiroz, a quien se le señala no sólo como un responsable de este lamentable acto, sino también de una serie de delitos adicionales que van desde abuso de autoridad hasta fabricación de delitos.
En lugar de enfrentar las preguntas y buscar transparencia ante la prensa como se esperaría de un funcionario público, Gutiérrez Quiroz ha optado por eludir la atención mediática desde el pasado mes de diciembre, escondiéndose detrás de la sombra de quienes lo predecieron.
Esta actitud evasiva contrasta con la responsabilidad y la rendición de cuentas que se esperaría de alguien en su posición.
Las acusaciones contra el delegado no se detienen ahí; a su lado, su subalterno en el cuartel, Luis Manuel Rivera González, ha sido señalado como un extorsionador que aprovecha la vulnerabilidad de los ciudadanos. Muchos cordobeses han denunciado el cobro de cuotas exorbitantes para visitar a sus seres queridos detenidos en las instalaciones del Mando Único, donde se han reportado casos de abuso físico y violaciones a los derechos humanos cuando no se satisfacen estas demandas económicas.
Resulta más alarmante que, a pesar de las numerosas denuncias de abusos y corrupción, el gobierno de Cuitláhuac García ha permanecido en silencio, aparentemente tolerando estas prácticas despreciables.
Este silencio únicamente sirve para perpetuar la impunidad, además de minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger sus derechos y seguridad.
En medio de estas acusaciones graves, la comunidad espera que se haga justicia y se investiguen a fondo todas las denuncias de abuso y corrupción.
