AGENCIA
Nacional.- El caso de Carlos Alberto Vargas Prado ha desatado una “ola” de preocupación en redes sociales, luego de que la cuenta “Charlatanes Médicos” en la plataforma X lo señalara por presuntas inconsistencias en su formación académica y profesional, similares al escándalo protagonizado por Marilyn Cote.
Vargas Prado se presenta como psicólogo, psicoanalista, perito y terapeuta, pero las investigaciones señalan que sus credenciales no respaldan todas estas afirmaciones. Según el Registro Nacional de Profesionistas, cuenta con una licenciatura en Psicología, otra en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Docencia. Sin embargo, no se han encontrado pruebas de estudios formales en psicoanálisis ni de acreditaciones que lo habiliten como perito en salud mental.
Las acusaciones se tornan más delicadas debido a señalamientos de que Vargas Prado sería paciente del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Según “Charlatanes Médicos”, habría utilizado esta situación para obtener conocimientos sobre medicamentos psiquiátricos, que presuntamente estaría recetando a personas sin contar con la formación ni autorización legal para hacerlo, algo que constituye un riesgo grave para la salud pública.
Adicionalmente, el Colectivo Ananké presentó en 2018 una denuncia por plagio contra Vargas Prado, acusándolo de apropiarse de textos y artículos de otros investigadores en el campo de la salud mental.
Pese a estas controversias, Vargas Prado ha anunciado su intención de impartir cursos relacionados con psicoanálisis y peritaje. Su actividad en plataformas como Doctoralia ha generado críticas hacia la falta de regulación en servicios de salud mental, permitiendo que personas sin las credenciales necesarias ofrezcan atención profesional.
Hasta el momento, las autoridades sanitarias mexicanas no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, lo que ha llevado a expertos y usuarios de redes sociales a cuestionar la supervisión en la práctica de la salud mental en el país.
El caso de Carlos Alberto Vargas Prado subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión para proteger a los pacientes y garantizar la calidad de los servicios en este sector crucial para el bienestar de la sociedad.
