CDMX.- De los más de 439 millones de pesos que la PGR le imputa a Javier Duarte haber desviado del erario y lavado en empresas para adquirir muebles e inmuebles, la Procuraduría sólo logró acreditarle 38.5 millones de pesos.
Tras una audiencia de más de cinco horas y media, los fiscales federales mostraron poca preparación para presentar el caso al grado de que el Juez de Control expresó que “los números no cuadraban”.
El Juez de Control, Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, reservó ayer el nombre del acusado durante la audiencia de imputación, donde fue referido como JDDO, pero su abogado, Marco Antonio del Toro, dijo que no tenía inconveniente en que la prensa lo refiriera por su nombre.
“Mi cliente se llama Javier Duarte de Ochoa”, dijo al salir del centro jurisdiccional.
Duarte y su abogado adoptaron ayer una estrategia que durante la mayor parte de la audiencia puso a la defensiva a Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nely Nabor Alvarado, fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delito Federales (SEIDF).
Sólo se dedicaron a preguntar y a pedir aclaraciones de la imputación. El exGobernador hizo 12 preguntas a los funcionarios para que le precisaran cuáles eran las dependencias estatales de las que supuestamente se desviaron recursos en su beneficio, las fechas de las transferencias, los montos y las empresas a las que se destinaron esos recursos.
“Usted señala que en diciembre de 2011, le instruí a Alfonso Ortega López comprar parcelas en Campeche, dice que todo esto fue una idea de Alfonso Ortega y que finalmente yo les ordené al referido abogado y a Moisés Mansur y Gerardo Rosas Bocado comprarlas en 20 millones de pesos”.
