Los casi 300 mil maestros que no van a trabajar a la escuela en la que están asignados, según el censo de maestros, escuelas y alumnos, presentado la semana pasada, cuestan anualmente por lo menos 35 mil millones de pesos. Esta cifra es equivalente a la necesaria para desarrollar 29 nuevas rutas de Metrobús y Mexibús, según el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo del Distrito Federal. ¿Se imaginan el bienestar para millones de capitalinos si se hubiera hecho ese sistema de transporte en lugar de pagarle la nómina a fantasmas? El “robo del siglo”, lo ha bautizado Claudio X. González Guajardo, quien ha hecho público el cálculo de cuánto cuestan.
Estos datos no incluyen el pasivo contraído por el Gobierno, dado que estará obligado a pagarles una pensión al momento de su retiro. Ésta será muy superior a la que tendrá acceso un mexicano que trabaja en el sector privado. La pensión promedio anual para los afiliados al IMSS es de casi 63 mil pesos. Para los afiliados al ISSSTE, que es donde cotizan los maestros de las escuelas públicas, es de casi 120 mil.
Peor aún. El censo reveló que una de cada tres escuelas no tiene servicio de agua potable, 20 mil 152 planteles no tienen sanitarios y que 81 mil 718 (casi la mitad de las escuelas públicas) no cuentan con drenaje. Es decir, los recursos públicos destinados para el sistema educativo se los chupa una abultada nómina en la que no sólo sobran maestros, sino que cuestan mucho. El sueldo de un maestro en el sector público es en promedio mayor que uno en el sector privado. Mientras, las escuelas de los niños más pobres de este país, que más apoyo necesitan para poder tener oportunidades, se encuentran en el abandono más vergonzoso para un país de nuestro nivel de desarrollo. Esta es una de las razones por las cuales nuestros índices de bienestar están por debajo del que correspondería a un país con un nivel similar de ingreso per cápita.
La buena noticia es que ahora el Gobierno tiene la información para enfrentar estos excesos. Maestro que no imparta clases en la escuela donde está registrado, se le debe dejar de pagar. La pregunta es si el Gobierno se atreverá a enfrentar las implicaciones de los resultados que arrojó el censo.
No va a ser fácil. Dentro de estos maestros que no trabajan, pero sí cobran, se encuentran casi 31 mil maestros comisionados. Estos son maestros asignados a distintas tareas fuera de la escuela, muchos al trabajo político del sindicato. Con un sueldo pagado por el fisco, estos maestros tienen tiempo para organizar su defensa.
La mala noticia es que estamos viendo solo una parte del problema. No sabemos si los que están en la escuela realmente trabajan y, si lo hacen, cuál es la calidad de sus asignaturas. No solo se canceló la prueba ENLACE en educación básica, sino que en un reciente estudio de la OCDE que mide las capacidades de los estudiantes para resolver problemas que enfrentan en la vida diaria, México, a pesar de ser miembro, no participó. Aparentemente esto fue porque era muy complicada la logística, dado que se examinaba a través de computadoras, y en nuestro país, 40% de las escuelas no cuenta con ellas.
Al no participar, México no figuró en este índice de la OCDE sobre habilidades en un bajo lugar, como seguramente hubiera sido el caso, y por lo tanto no fue cubierto por los medios de comunicación. A nadie le importó que no hubiéramos participado. Esto es una pésima señal. Valida que políticamente es menos riesgoso no participar en estas evaluaciones que hacerlo y salir mal.
En el resto de la burocracia, debe haber también otros cientos de miles de aviadores. No tenemos información alguna de cuántos son. Es hora de hacer un censo más completo que nos permita saber de qué tamaño es el problema. Para hacer esto más eficiente, se debe desarrollar una cédula de identidad basada en datos biométricos, y de esta forma, poder detectar otro tipo de abusos.
Este año, el Gobierno quiere recaudar 17% más en términos nominales de lo que recaudó el año pasado. Para lograrlo, por ejemplo, hemos estado enfrentando como consumidores un impuesto a los productos altamente calóricos y en la frontera de nuestro país, además, un aumento en la tasa del IVA. Las empresas e individuos están sufriendo varios cambios que les incrementa su carga fiscal. En parte, por estos cambios está creciendo muy poco la economía.
Pero pocos quieren pagar más cuando hay tantos candidatos a ser declarados “el robo del siglo”. Pemex Refinación, por ejemplo, perdió el año pasado 123 mil millones de pesos. Y no es por el subsidio a la gasolina. Si estos abusos y desperdicios no llevan a detectar culpables y fincar responsabilidades, difícilmente el Gobierno podrá recaudar más ingresos de forma permanente. Hay leyes que para que se acaten, no basta el temor a las represalias de la autoridad. Se requiere legitimidad.
Estamos en un círculo vicioso. Un gran porcentaje de los mexicanos no obedecen la ley porque la perciben como poco legítima. Esto hace muy difícil para el Gobierno lograr que se respete, dado que son tantos quienes la incumplen. El Gobierno tiene que romper este círculo vicioso. En el sistema educativo ya tienen la información para hacerlo y los instrumentos jurídicos para actuar. Esperemos que se atrevan a dar el siguiente paso.
