Por: Ricardo Ravelo / columnista
En medio de la turbulencia política que se vivió en Puebla tras judicializarse la elección de gobernador, el accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el exmandatario Rafael Moreno Valle, muy pronto se empezó a salpicar de sospechas y dudas, como es natural en un caso donde la información precisa está ausente.
El propio Miguel Barbosa, excandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, incurrió en un grave lapsus, durante una entrevista de radio, al referirse a la muerte de Martha Erika y Rafael Moreno como “un magnicidio”. También aludió al karma, presumiendo algún conocimiento esotérico, o bien por repetición mecánica. Ambos extremos –el magnicidio o las causas ocultas –totalmente fuera de lugar, expresadas apenas transcurridas tres horas de los hechos.
Tras expresar estas conjeturas sin fundamento, propias de una mente confundida, Barbosa tuvo que retirar su dicho no sin que el conductor le cuestionara qué había querido decir. Barbosa dijo que había sido una expresión errónea, que la retiraba y luego pidió no generar mayores especulaciones y confusiones en un caso todavía bajo investigación. No se sabe si Barbosa, el candidato perdedor de Morena, estaba nervioso, confundido o borracho, pero sus expresiones no fueron nada congruentes.
Ahora, resulta imposible no sospechar que las causas del accidente hayan sido otras totalmente diferentes a un error humano o falla técnica, sobre todo por el entorno político que envolvió a la pareja poblana. Ella fue severamente cuestionada por su dudoso triunfo electoral, confirmado apenas hace unos días por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en tanto que él también fue blanco de severas críticas durante su paso por la gubernatura de Puebla porque la utilizó como trampolín para intentar ser candidato presidencial por el PAN y también porque, como ha quedado demostrado en los hechos, durante su mandato se construyó la más amplia red de delincuencia organizada dedicada al robo de combustible –el cártel de Los Huachicoleros –, que extrañamente creció sin ser combatida.
Las investigaciones del caso irán despejando dudas y sospechas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció realizar una investigación profunda y no ocultar información sobre este percance, como ha ocurrido en otros gobiernos, sobre todo los que encabezaron Vicente Fox, Felipe Calderón –marcado por los avionazos donde perdieron la vida funcionarios federales –o el de Enrique Peña Nieto, quien ocultó detalles y evidencias para no dar a conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, presuntamente asesinados por el narcotráfico.
Desde el gobierno de Vicente Fox a la fecha, los accidentes aéreos ocurridos, en lo que han perdido la vida altos funcionarios públicos, siguen sin aclararse sin razón aparente.
Un dato llama la atención porque coincide con el accidente del 24 de diciembre en Puebla. En las aeronaves donde murieron Ramón Martin Huerta –secretario de Seguridad Pública de Fox –, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blacke Mora –secretarios de Gobernación con Felipe Calderón — y éste último donde fallecieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, las aeronaves carecían de cajas negras o bien no estaban blindadas contra incendios, como ocurrió en este último caso. En los accidentes anteriores las causas fueron atribuidas a las malas condiciones meteorológicas, a la inexperiencia de los pilotos, muy recurrente, por cierto, en esos gobiernos. Las cajas negras, según se informó en su momento, no fueron revisadas porque no existían en los aparatos. Algo sumamente extraño, a menos que técnicamente esto tenga una explicación.
Veamos:
El 25 de septiembre de 2005, el helicóptero Bell-142 de la Secretaría de Seguridad Pública despegó del Campo Militar Número Uno con destino a Toluca. Abordo viajaban casi todos los funcionarios de la SSP –esto fue considerado un error de logística, sobre todo porque los pasajeros luchaban contra el crimen organizado — a cargo de Ramón Martín Huerta, amigo de Vicente Fox, quien iba a asistir a un evento en el penal de alta seguridad de La Palma.
La primera versión de este hecho sostuvo que la aeronave explotó en el aire, otra aludió al desplome debido a las malas condiciones del clima. Extrañamente, el entonces presidente Vicente Fox ordenó mandar el caso a la reserva. Esto ocurrió justamente cuando arreciaba la versión de que el crimen organizado había derribado el helicóptero con todos los funcionarios de la SSP a bordo. Nada descabellado entonces, pero el caso fue cerrado sin conclusiones convincentes. ¿Qué pasó, realmente? Nunca se supo, entre otras razones, porque el aparato no tenía caja negra, de acuerdo con las versiones oficiales de ese momento.
Además de Ramón Martín Huerta, en este accidente fallecieron Francisco Becerra, comisionado de la Policía Federal Preventiva y José Antonio Bernal, comisionado de la CNDH, cuestionado en 2001 por ignorar las quejas que decenas de custodios del penal de Puente Grande interpusieron por recibir presiones de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” en los meses previos a su fuga.
Otro hecho que sacudió al país, en medio de la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón como presidente de la República, fue la muerte de Juan Camilo Mouriño, primer secretario de Gobernación, tras precipitarse a tierra el avión Learjet 45 en el que viajaba en compañía, entre otros funcionarios, de José Luis Santiago Vasconcelos, quien era titular de la Secretaría Técnica para la implementación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia.
El avión Learjet 45 había despegado de San Luis Potosí y se aproximaba a la terminal aérea de la Ciudad de México. Todavía se permitía el aterrizaje de aviones privados.
Según los pormenores del caso, el controlador aéreo le indicó a los pilotos bajar la velocidad de 250 a 180 nudos. El piloto confirmó la instrucción verbalmente, pero no redujo la velocidad. Esto hizo que la aeronave se acercara demasiado a un Boing 767-300 de Mexicana de Aviación, procedente de Buenos Aires, que también se aproximaba para su aterrizaje.
El Learjet 45 entró en lo que técnicamente se conoce como la estela de turbulencia y por ser un avión más ligero se desestabilizó y se precipitó a tierra en forma incontrolable. El avión se estrelló en Lomas de Chapultepec. Murieron nueve personas que viajaban en la aeronave, así como varios transeúntes.
El 8 de diciembre de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la caja negra del Learjet 45 no funcionaba desde hacía dos años y, por lo tanto, no existían mayores datos técnicos para conocer los detalles del percance.
Aunque dudosa hasta la fecha, la conclusión oficial sobre este caso estableció que la causa del accidente se debió a la negligencia de los pilotos por no seguir las indicaciones de la torre de control. Paralelamente salieron a flote otros datos respecto de los pilotos Jesús Oliva y Álvaro Sánchez Jiménez: no tenían experiencia ni conocimientos técnicos para pilotar el Learjet 45 en caso de una crisis, habían falsificado sus horas de vuelo y sus respectivas acreditaciones sobre su preparación técnica. De un probable atentado, nada se dijo, aunque hasta la fecha esa sospecha sigue en el aire.
Tres años después de este hecho el gobierno de Felipe Calderón sufrió otra sacudida con la muerte de su segundo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, también en un accidente aéreo.
En este caso, la Secretaría de Gobernación tuvo que ser renovada por completo, pues la mayoría de los funcionarios del primer círculo fallecieron. Y otra vez se cuestionó el error de logística: un amplio número de funcionarios iban a bordo, pese a que el gobierno de Calderón le había declarado la guerra al narcotráfico. Eran blanco fácil del crimen.
En este caso fue un helicóptero Puma de la Fuerza Aérea Mexicana el que se estrelló y se dijo que las causas del accidente pudieron obedecer a un error del piloto o bien a fallas de los instrumentos. Además de Bake Mora fallecieron siete personas más.
Y es que en este caso se dijo que el helicóptero volaba “engañado”, es decir, que los instrumentos indicaban una altura cuando en realidad era otra era su altitud. ¿Fallas en los instrumentos? Eso se dijo, pero resultó contradictoria la versión porque a la par también se resaltó que la aeronave tenía todos sus mantenimientos al día. Extrañamente no detectaron esa falla.
Otra versión, muy recurrente en estos casos, es que las causas de estos accidentes se han atribuido a las condiciones meteorológicas.
Y para no variar, el helicóptero en el que viajaba Blake Mora tampoco tenía cajas negras, según dijo en una conferencia el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jacome, quien argumentó “que ese tipo de aeronaves no las necesitaban”.
En el helicóptero Bell 407 fallecieron siete personas: cuatro militares y tres civiles.
A lo largo de 18 años, de 2000 a la fecha, varios accidentes aéreos siguen sin aclararse. Existen decenas de casos, por ejemplo, de helicópteros derribados en las zonas controladas por el narcotráfico, donde perdieron la vida pilotos y funcionarios, cuyas conclusiones se desconocen.
Es el caso, por ejemplo, del gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes, fallecido en un accidente aéreo junto con varios funcionarios de su gabinete, el 25 de febrero de 2005, cuando volaban de Toluca a Colima en una avioneta Israel Aircraft Industries 1124, matrícula XC-COL.
La aeronave era de 1979, había reemplazado a otra del gobierno colimense que era de 1963. El piloto despegó y minutos después pidió ayuda para aterrizar en Morelia, Michoacán, obligado por una falla técnica.
Tras establecer contacto con la torre de control, la comunicación se interrumpió. La avioneta se desplomó en medio de una tormenta, según se dijo entonces. El caso nunca se aclaró fehacientemente y luego siguieron otros avionazos donde también perdieron la vida funcionarios de esa entidad, en medio de una guerra política en la que el narcotráfico ligado al poder estaba de por medio.
Ahora se sumó el caso de la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. El senador panista, sin duda, era una de las cartas más fuertes del PAN para disputar la presidencia de la República en 2024 y tenía todo para llegar: una plataforma política importante –la senaduría –y todo el dinero de la gubernatura de Puebla, bajo el mando de su esposa.
El caso tiene, sin duda, un tinte político que no se puede soslayar en las indagaciones.
López Obrador prometió decir la verdad en la investigación de este caso, el más impactante que le ha ocurrido en 24 días de gobierno.
¡Y lo que falta¡
