Por: Andrés Timoteo / columnista
¿ACCIDENTE O MAGNICIDIO?
La gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien apenas tenía diez días de haber asumido el cargo -lo hizo el 14 de diciembre- y su esposo, el exmandatario de la misma entidad y actual coordinador de los senadores panistas, Rafael Moreno Valle, perecieron el lunes pasado, en la víspera de Navidad, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaban.
El trágico deceso del matrimonio Moreno Alonso genera forzosamente un impacto a la vida política nacional y, por supuesto, abre los corchetes de la duda y la especulación. En primero lugar porque la gobernante poblana comenzaba su gestión tras una larga batalla judicial para que se respetará el triunfo obtenido el pasado primero de julio mismo que impugnó su contrincante más cercano, el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa.
Alonso Hidalgo fue de los pocos candidatos que venció la inercia electoral del tabasqueño a la Presidencia, y hoy mandatario en funciones, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo ganar a otros gobernadores y legisladores. La ratificación del triunfo de la panista por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió agudizó la confrontación entre el Poder Judicial y el presidente López Obrador quien descalificó el fallo adjetivándolo como “antidemocrático”.
Es más, el mandatario federal se negó asistir a la toma de protesta de Martha Erika Alonso. La paradoja es que ahora que pereció la gobernadora, López Obrador anuncia su visita a Puebla para dar las condolencias. A ver si no lo abuchean los panistas porque el despreció que le hizo en vida a la gobernadora está a flor de piel y además su desaparición física abre la posibilidad de que Morena se haga con la gubernatura ahora que se realicen las elecciones extraordinarias.
No hay que olvidar que la legislación vigente prevé que la ausencia de un gobernante antes de los dos años de su periodo constitucional no admite sustitutos, sino que deberán realizarse nuevos comicios. Por lo pronto, el congreso poblano -donde Morena es mayoría-deberá nombrar un gobernador interino que despache los asuntos administrativos mientras se realizan las elecciones extraordinarias mientras se organizan la nueva votación.
La duda carcome, ¿nuevamente Morena lanzará a Barbosa como su candidato?, ¿se aprovecharán de la tragedia para alcanzar el objetivo de sumar a Puebla como bastión morenista? De hacerlo, el cuestionamiento será inevitable porque con la muerte de Martha Erika Alonso se beneficia políticamente el partido y el candidato de la fuerza política mayoritaria del País.
Desde el mismo lunes muchos comenzaron a especular sobre un magnicidio con fines político-electorales, una tesis aventurada y hasta increíble, pero en la política mexicana nada debe descartarse. No, al menos la polémica que se desprenderá con la obligada recomposición del panorama político, el posible reposicionamiento de Morena y quizás su victoria en los comicios extraordinarios.
También la muerte de Moreno Valle, exgobernador de Puebla y conyuge de la mandataria quien viajaba en el mismo helicóptero, provoca conjeturas complotistas no solo porque era el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, cargo al que llegó luego del triunfo de Marko Cortés en la dirigencia nacional del PAN, sino porque era uno de los panistas mencionados como prospectos para una candidatura presidencial en el 2024.
Hay que decirlo, la teoría de un magnicidio con fines políticos se considera sobredimensionada, aunque no tanto si se considera al crimen organizado. No hay que pasar por alto que Puebla es hoy por hoy el centro neurálgico del llamado ‘huachicoleo’ -el robo de combustible que se hace perforando clandestinamente los ductos propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).
A lo anterior se suma que en México se tienen antecedentes de magnicidios cometidos por la delincuencia organizada y con características casi idénticas especialmente por el desplome de aeronaves. El 4 de noviembre del 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, falleció luego de que el avión en que viajaba se desplomó en Morelos.
El 1 de noviembre del 2011, su sucesor en el cargo, José Francisco Blake Mora, también pereció cuando su helicóptero se estrelló en la colonia Chapultepec de la Ciudad de México. Con el paso del tiempo se supo que ambos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón fueron víctimas de supuestos atentados de los carteles del narcotráfico.
Así, la versión de un magnicidio perpetrado por la delincuencia organizada se alimenta con antecedentes precisos y debe ser una línea de investigación a no descartar. La tercera tesis es de un desafortunado accidente mecánico. El esclarecimiento o no de este caso marcará el gobierno lopezobradorista que no solo está obligado a atajar las especulaciones sino a realizar una investigación creíble y sustentada.
El nuevo Gobierno Federal está tiene el reto de hacer la diferencia, evitar que se apueste a la opacidad y al tiempo para sacudirse de su responsabilidad de investigar y, en su caso, aplicar la ley. La sobra de la sospecha sobre lo sucedió el pasado 24 de diciembre le hará mucho daño al gobierno de López Obrador sino hace prevalecer la transparencia ministerial y la verdad sin adulteraciones.
EL DINERO DEL PUEBLO
El mismo 24 de diciembre, la víspera de la Navidad, los diputados federales aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019, mismo que marcará el primer año de gobierno de López Obrador. Aunque la autorización del uso de los recursos financieros se da cada año, en esta ocasión es especial porque el paquete de gastos haría realidad varias promesas hechas por el tabasqueño durante los 18 años que tuvo de campaña.
La austeridad es la primera de ellas. Reducir el gasto operativo del aparato estatal basándose principalmente en eliminar la corrupción y recortar los salarios de los altos funcionarios, son las otras líneas medulares al igual que la redistribución del gasto federal hacía áreas prioritarias que deben beneficiar a la población y el impulso de proyectos estratégicos como son la reactivación de la industria petrolera, la construcción del aeropuerto en Santa Lucia, Estado de México y el Tren Maya en el sureste.
Además, están los los programas ofrecidos por López Obrador como doblar la pensión a las personas de la tercera edad, dar un sueldo mensual a los llamados NiNis, jóvenes que ni trabajan ni estudian, crear 100 universidades en el País y llevar inversiones al sureste del País. Sin embargo, el paquete presupuestal enviado por el Ejecutivo fue modificado en San Lázaro debido a las presiones de diversos sectores de la población y partidos opositores a Morena.
Esto porque fueron videntes los “errores de diciembre” -eso es un chiste porque en política económica los errores son cosa rara- en los que incurrió el gobierno lopezobradorista al intentar ‘colar’ proyecciones que castigaban el campo, la cultura, las universidades y otros rubros de importancia puntual para el País. Las movilizaciones de artistas y campesinos obligaron a recular en la intención de recortar el gasto para el sector agropecuario, la educación y la cultura.
Lo mismo sucedió con la protesta de la comunidad universitaria e intelectual cuando se pretendió reducir gasto para las universidades públicas y hasta quitarles la autonomía ganada tras años de lucha. La presión sirvió para evitar que el gobierno federal tuviera un presupuesto a modo y lesivo para muchos sectores, aunque no todos se salvaron.
Hay que subrayar que áreas como derechos humanos, el Poder Judicial, la transparencia gubernamental, Pueblos Mágicos y otros se verán afectados en cuestión de financiamiento para el 2019. En total, el Gobierno Federal ejercerá un presupuesto de 5 millones 838 mil millones de pesos.
Esa cifra es para López Obrador el instrumento financiero que le facilite cumplir con parte de su oferta electoral y será también la prueba de fuego para ver si en verdad hay un manejo honesto de los dineros del pueblo. Ese presupuesto afectará totalmente a la población, y de ahí que es deber de todos vigilar que se cumpla y no se desvíe como ha ocurrido en los últimos sexenios. La sabiduría popular no falla y todos deben recordar el refrán de los abuelos: “Con el arca abierta, hasta el justo peca”.
HASTA LAS CUCHARAS
Y hablando de dineros y bienes del pueblo que han sido saqueados por los gobernantes, es indignante lo que se ha sabido de la mansión de Los Pinos la cual durante más de medio siglo sirvió como residencia oficial del presidente en turno. Resulta que, al estilo de los bandidos de callejuela, el expresidente Enrique Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera, se llevaron todo lo que pudieron de esa casa.
Lo que se ha reportado es que están desaparecidos desde cuadros y esculturas de artistas reconocidos hasta candelabros, ropa de muebles, cortinajes antiguos y juegos de cubiertos que databan de la época porfiriana. Hay quien dicen que el saqueo de la residencia oficial lleva muchos sexenios, al menos desde el gobierno de Vicente Fox, pero ahora que se tuvo acceso libre a Los Pinos quedó en evidencia.
Por supuesto que es obligada una investigación hacia el matrimonio Peña-Rivera y los ocupantes anteriores porque estos señores además de robarse el dinero público también se llevaron los enseres y obras de arte que eran propiedad de la nación. Vaya, hasta dan ganas de aplicarles el escarmiento popular que ahora está de moda para los ladrones de viviendas: que los linchen o por lo menos que los amarren de un poste hasta que devuelvan lo saqueado.
El desvalijamiento de Los Pinos fue de antología, aunque no privativo de esa residencia pues hay que recordar lo que hizo el innombrable y Javier Duarte con Casa Veracruz, la cual también fue saqueada en esa docena trágica. Un solo dato pinta toda la ignominia: ¿Se acuerdan de que en la bodega de Duarte localizada en Córdoba había hasta bancas de parques públicos que el exgobernador y su esposa se habían agenciado? Lo corriente nunca se le quitó a este par de sujetos que ahora están, uno en el Reclusorio Norte y la otra gozando de lo robado en Londres, Inglaterra.
