Estamos viviendo momentos críticos para el país, por lo que vemos y también por lo que está afuera de lo que percibimos. A los ojos de la opinión tenemos una agenda de transformaciones que avanza al ritmo establecido en ese mecanismo de concertación política que es el Pacto por México. Por fin, México se mueve.
Paralelo a estos procesos, ocurre otra transformación quizá menos vistosa, pero igual o más trascendente y es la reconfiguración de las relaciones de poder en nuestra sociedad. El Ejecutivo federal llegó decidido a tomar lo que considera necesario para ponerse por encima de los llamados poderes fácticos. Y en este proceso en el que hay villanos reconocibles, le hemos dado “licencia” para plantear disposiciones legales que generan excepciones, que limitan derechos y que al final nos pueden dejar vulnerables a todos. Me parece que seguimos compartiendo la noción del “Estado redentor” a pesar de que hemos conocido las consecuencias de los poderes estatales que no encuentran contrapeso.
Esta es la lógica de algunos aspectos sustantivos de la Ley de Amparo y también de disposiciones centrales de la reforma en materia de telecomunicaciones, por lo menos en la versión que salió de la Cámara de Diputados (aunque fue modificada en la revisora, la de Senadores, apenas ayer). En ambas piezas legales —una aprobada, otra en proceso— subyace la noción de que quien abusó en el pasado, por ese hecho, pierde instrumentos para defenderse en el futuro. Así, por decreto.
En la industria de las telecomunicaciones son sonados y conocidos los múltiples recursos que las empresas han interpuesto para vencer las decisiones de la autoridad o del regulador. Y en el tú por tú, las empresas en el sector han mostrado capacidades avasallantes frente a quienes los han querido regular. Por este hecho, entonces, se les debilita su capacidad de defensa frente a los actos de la autoridad. Se les corta un brazo para que, entonces sí, el Estado recupere rectoría y pueda implantar las políticas y disposiciones que considere necesarias.
El recurso de amparo es el instrumento de defensa más potente con el que contamos para protegernos de abusos de autoridad. Y la suspensión provisional el mecanismo concreto para frenar una resolución o acto de autoridad que pueda tener efectos irreversibles para quien lo sufre. De que se ha abusado de la suspensión provisional, de eso no hay duda. No sólo empresas de telecomunicaciones encumbradas, sino también negocios de mala muerte que operan fuera de la ley, pero bajo el amparo de la suspensión.
Pero también existen casos de decisiones arbitrarias que hubiesen tenido efectos devastadores de no existir dicho recurso. Es al final un instrumento de protección de la persona, la empresa, frente a la autoridad que no se debiera vulnerar. Simplemente porque abrir la puerta a la excepción es abrirle la puerta al poder sin control. Y en la modificación de la Ley de Amparo es precisamente lo que hacemos.
La reforma en materia de telecomunicaciones, que también es una en materia de competencia económica, se refuerza y profundiza esta misma lógica: se le otorgan amplias facultades discrecionales a los órganos reguladores y se debilitan las protecciones de las empresas frente a los actos de autoridad. Una fórmula que produce el binomio de incertidumbre y control.
No tengo duda de que en nuestro contexto de mercados concentrados y de frecuentes abusos al consumidor, era absolutamente necesario mejorar los mecanismos para evitar prácticas abusivas y alentar la competencia. Es claro para todos que el país no puede avanzar si carga con el impuesto adicional que imputa un monopolio a su precio final en tanto mercados. Pero la vía elegida me parece una de revancha, no una de construcción de soluciones.
En el Senado se han reconsiderado algunos de los aspectos sustantivos antes señalados. Viene de nuevo la revisión por parte de los diputados. Me llama mucho la atención que en la primera vuelta de discusión en dicha Cámara no haya habido diputado opositor alguno que enfatizara los riesgos de la ley en su versión original. Entiendo que la iniciativa contiene avances hasta hace poco inconcebibles en el sector, y que como consumidora de servicios de telecomunicaciones debiera compartir la euforia que acompaña su revisión. Pero también me llama la atención que pasen desapercibidos sus riesgos, sobre todo a aquellos paladines de la democracia y de los contrapesos al poder que la construyen.
Al final nuestra fe ciega en el Estado sigue viva. Aunque esta entidad abstracta esté compuesta por individuos falibles e incluso corrompibles, estamos dispuestos a otorgarles un cheque en blanco porque consideramos que la alternativa es incluso peor. Espero que en unos cuantos años no lamentemos lo que no pudimos frenar hoy.
