AGENCIA
Internacional.- Este miércoles 4 de diciembre, el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Juan Manuel Delgado González, denunció que su cliente fue “secuestrado” por las autoridades de Estados Unidos (EU), violando un tratado bilateral que prohíbe este tipo de actos. Según Delgado, el líder del Cártel de Sinaloa fue trasladado forzosamente a Texas, donde la DEA lo capturó, en un proceso que calificó como ilegal y sin sustento jurídico.
“No podemos llamar extradición a este proceso, ya que se trata de un secuestro transfronterizo”, afirmó el abogado en una entrevista. Según su declaración, ‘El Mayo’ fue llevado en contra de su voluntad por un hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para luego ser entregado a las autoridades estadounidenses. Delgado enfatizó que el tratado firmado entre México y Estados Unidos define el secuestro como la privación de libertad o el traslado forzado de una persona entre países, ya sea por particulares o autoridades, y que este caso encaja en dicha definición.
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha exigido explicaciones a Estados Unidos por el presunto ultraje. “El fin no justifica los medios”, declaró Sheinbaum al referirse al caso, enfatizando que cualquier cooperación bilateral debe respetar los acuerdos internacionales.
La captura de Zambada también ha provocado una serie de enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, quienes han protagonizado violentos enfrentamientos en las calles de Culiacán.
El abogado de Zambada sostiene que México tiene la obligación de solicitar la repatriación del narcotraficante para que se respete el tratado bilateral. Además, calificó el juicio en Estados Unidos como un “acto corruptor”, argumentando que la detención fue ilegal desde su origen y, por lo tanto, todo el proceso carece de validez.
“Lo que hizo Estados Unidos es ilegal, y cualquier acción derivada de este secuestro será considerada ilegítima”, concluyó Delgado, reiterando que México debe defender los derechos de su ciudadano y exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
El caso plantea nuevas tensiones entre ambos países y abre un debate sobre los límites de la cooperación en el combate al narcotráfico.
