México.– El Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativas para crear dos nuevas leyes en materia de transparencia y combate a la corrupción. Dentro de sus nuevos planteamientos sobresalió la propuesta para crear una “lista negra” de servidores públicos que hayan sido sancionados, así como personas físicas o morales que hayan incurrido en actos de corrupción en contratos de obra pública.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acompañado de senadores de su partido, anunció que sus bancadas en las Cámaras de Diputados y de Senadores presentarán dos iniciativas para combatir la corrupción, un tema que ha sido su prioridad desde que Anaya era coordinador parlamentario en San Lázaro.
“Somos muchos los que estamos convencidos de que la corrupción es el principal cáncer que padece hoy México, y del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución”, dijo el líder nacional panista, Ricardo Anaya.
La primera iniciativa plantea crear la Ley General del Combate a la Corrupción. Se trata de una nueva norma que contendrá cinco ejes fundamentales, y que impactará en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para transparentar acciones que hoy se encuentran en total opacidad.
“Esta Ley sienta todo el marco legal para que sí se hagan públicas todas las empresas que de alguna manera están participando en algún servicio o alguna obra junto con el Estado y que se haga público si han incurrido en algún ilícito de cualquier forma”, recalcó la senadora panista Marcela Torres Peimbert.
Establecerá como obligatorio que todos los funcionarios hagan pública su declaración tres de tres, que incluye la declaración patrimonial, la fiscal y de intereses.
La iniciativa promueve la participación de la sociedad organizada en el combate a la corrupción, al tener posibilidad de realizar auditorías sociales o fungir como testigos sociales.
Crea el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, el cual es una “lista negra” de funcionarios que en el pasado hayan sido sancionados por actos de corrupción, así como de las personas físicas o morales que hayan sido sancionadas por el mismo delito.
Esta lista será pública y abarcará a servidores públicos de todas las dependencias: federal, estatales y municipales; así como diputados y senadores: órganos del Estado y organismos públicos autónomos.
