Córdoba.- Funcionarios que incurran en un delito electoral podrían ser sancionados hasta con nueve años de prisión.
Ayer se llevó a cabo el curso de “Blindaje electoral, promoción de la participación ciudadana y delitos electorales” con integrantes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Organismo Público Local Electoral (OPLE), así como el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem). De acuerdo con la Ley General en materia de Delitos Electorales vigente, el funcionario que incurra en una irregularidad quedará imposibilitado para participar en la Función Pública de forma permanente, sin importar la trayectoria o historial previo, advirtió la representante de la Fepade en Veracruz, María Eugenia Rodríguez Mendoza.
Tras impartir el taller de “Blindaje Electoral”, explicó que en muchos de los casos las presidencias municipales incurren en delitos de esa índole, aparentemente por desconocimiento. Es por ello, que surge la necesidad de trabajar en informar a los gobiernos locales, principalmente para evitar que durante sus horarios de trabajo hagan una promoción partidista.
La idea es que los funcionarios respeten y tomen en cuenta con mayor importancia las leyes, pues aunque gozan de todos los derechos, al igual que cada ciudadano, deben acatar sus horarios de trabajo. Podrán asistir a mítines, reuniones o encuentros, siempre y cuando no se presenten y ostenten el cargo que desempeñan al momento.
Además, deben evitar llegar a las reuniones en camionetas del servicio público ni mucho menos hacer uso de mobiliario para fines electorales, pues se trata de bienes estatales, federales o municipales.
En el caso de los programas sociales, según la Ley de Transparencia, se debe evitar que sean utilizados como medio de coacción del voto.
