por Mauricio Merino
El escenario es esperanzador. Por primera vez se ha presentado ante el Congreso federal un conjunto de iniciativas bien trazadas para consolidar la transparencia, el acceso a la información y la fiscalización de los dineros públicos, desde varios partidos políticos y con una visión que contiene ya, en conjunto, todas las piezas indispensables para diseñar una política completa de rendición de cuentas. El riesgo inminente es, en cambio, que los legisladores no quieran armar rompecabezas sino defender sus piezas únicas y acaben dando al traste con las expectativas.
Mientras escribía este artículo, todavía no se habían presentado todas las iniciativas de reforma que anunció el presidente electo para combatir la corrupción y controlar la compra de la propaganda gubernamental. Pero su propuesta para consolidar la transparencia abrió un debate que, de no tirarse por la borda, podría producir cambios mayores a las normas, las organizaciones y las prácticas de acceso a la información, que se sumarían a la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental votada por el Senado. Y en el camino, ambas podrían mejorar con creces si se vincularan entre sí.
Por otra parte, hay al menos otras tres iniciativas presentadas ante el Senado cuyo contenido persigue propósitos similares e incluso define líneas de acción que serían complementarias. La del senador Alejandro Encinas llegó primero y, aunque plantea una forma distinta de afrontar la consolidación de los órganos de transparencia y difiere con la diseñada por el equipo del presidente entrante en varios puntos principales —como los relativos a la separación entre el acceso a la información y la protección de datos personales, o al nombramiento de los comisionados que integrarían al nuevo órgano propuesto— en el fondo ambas apuntan en la misma dirección. Bien leídas, esas iniciativas no tendrían que negarse y anularse mutuamente sino entrelazarse, porque no compiten por establecer principios o rutas de acción polarizadas, sino que ofrecen modalidades distintas para llegar al mismo puerto. Y no exagero si añado que una integración bien intencionada entre ambas enriquecería el resultado.
Y hace apenas unos días, los senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado, por la bancada del PRD, y la senadora Laura Rojas, por la del PAN, presentaron a su vez iniciativas que se anticiparon al paquete “anticorrupción” que ofrecería el equipo de Peña. Insisto en que habrá que esperar a este último para contar con un escenario completo sobre las verdaderas posibilidades de transformar el marco constitucional en favor de la rendición de cuentas. Pero si se miran con cuidado las dos iniciativas presentadas por el PRD y por el PAN se verá que sus coincidencias son mucho mayores que sus contradicciones y que no sería difícil obtener de ellas una propuesta tan completa como alentadora. Y de paso, la suma plantearía ya una exigencia política inequívoca sobre la calidad y la profundidad del proyecto que habrá de presentar el presidente electo.
Por eso creo que estamos en un momento esperanzador. No sólo porque encuentro coincidencias claras entre ese puñado de iniciativas de reforma, sino porque también observo que sus diferencias no atañen a los principios que defienden ni al propósito explícito de consolidar la democracia. Por una vez, los partidos principales han puesto puntos de partida similares, de modo que si el trabajo legislativo lograra ponerse a salvo del conflicto y de los intereses inmediatos, podríamos cultivar la esperanza de que el producto de sus deliberaciones nos acerque al cumplimiento de las expectativas que nos hemos hecho para comenzar a construir una verdadera política de rendición de cuentas.
De quedar articuladas, habría mandatos claros a los ejecutores de los gastos públicos, vinculados siempre a la autorización presupuestaria; habría sistemas de evaluación sensatos para verificar la calidad y los resultados de la gestión pública; habría instituciones sólidas para garantizar la existencia y el acceso a la información, para la construcción de indicadores y medios públicos de seguimiento, para la fiscalización oportuna del dinero público, para la revisión de las políticas y para castigar el desempeño ineficiente; y habría, además, medios y espacios amplios para afirmar la participación de ciudadanos en el monitoreo y la vigilancia de los mandatos y para verificar que la corrupción no quede impune. Estamos a dos brazadas de conseguir reformas sustantivas para la rendición de cuentas, pero hay que darlas para no caer ahogados otra vez.
Investigador del CIDE
