“Necesitamos comprender que sucedió, se lo debemos a las familias (de las víctimas). Pueden estar seguros que saldrán a la luz las circunstancias de esta catástrofe”, dijo el miércoles pasado el presidente francés François Hollande en torno al accidente del vuelo A320 de la aerolínea Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses provocando la muerte de 150 personas. Y agregó: “Todo se hará para que podamos encontrar, identificar y entregar los cuerpos a sus familias, tengan la certeza”.
Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, la mujer más poderosa de Europa y a la que sus connacionales llaman “Mami” – pues la ven como una madre protectora ya que bajo su conducción Alemania es el país con mayor nivel de ingresos y bienestar de la Unión Europea- suspendió toda su agenda de gobierno desde que se conoció la tragedia y tras declararse ella misma “consternada”, anunció la creación de una comisión de crisis para que realizar una investigación exhaustiva.
“No habrá descanso hasta que la verdad se conozca, Alemania debe conocer que sucedió con sus hijos (que viajaban en ese avión)”, dijo a la prensa germana y agregó: “mis pensamientos están con los familiares y amigos de las víctimas que no están solos, tienen al gobierno de la nación a su lado”.
La canciller alemana junto con el mandatario galo y el presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy viajaron al día siguiente de la tragedia – o sea ayer miércoles- al poblado Seine-les-Alpes, el más cercano al sitio donde se estrelló la aeronave.
Los tres verificaron el dispositivo que se movilizó hacia esa zona para localizar los cuerpos mientras que en Alemania y España de donde eran la mayoría de las víctimas se dispusieron de números telefónicos, oficinas de atención, albergues y hasta viáticos para las familias que buscan a sus fallecidos.
Vaya, hasta declararon duelo nacional. Y todo esto se cita porque aun con las críticas que se puedan hacer a los tres gobernantes europeos, sus acciones en torno a este accidente son de verdaderos estadistas y se antojan admirables para los mexicanos que tienen al copetón Enrique Peña Nieto que le valió sorbete la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26
de septiembre del 2014.
Ayer jueves se cumplieron siete meses de que el grupo de jóvenes fue plagiado por elementos de la policía municipal de Iguala, Guerrero, que siguieron ordenes del alcalde perredista, José Luis Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, ligados al cartel del narcotráfico Guerreros Unidos, el cual habría participado en la tortura y muerte de los plagiados. Claro, los normalistas no viajaban en avión como las víctimas de los Alpes franceses pero si en un autobús y el caso es más horripilante porque fue producto de la colusión del crimen organizado
con las autoridades.
¿Quién los buscó?. Nadie, ninguna autoridad se ocupó del caso en al menos las primeras dos semanas. A diferencia de los mandatarios europeos que al día siguiente estaban personalmente en los Alpes, en el lugar del accidente, hasta la fecha Peña Nieto no ha puesto un pie en Iguala, donde fueron secuestrados los estudiantes ni en Ayotzinapa donde está la sede de la Escuela Normal y donde se les llora con más intensidad.
Eso habla, lamentablemente, de la diferencia en la calidad de gobernantes entre Europa y México.
A lo más cerca que Peña Nieto se atrevió a llegar fue a Coyuca de Benítez donde el 4 de diciembre inauguró un puente y con apenas dos meses transcurridos de la desaparición, se atrevió a llamar a los familiares de los alumnos y a la sociedad mexicana para “hacer un esfuerzo colectivo y superar el momento de dolor”.
Vaya, todavía ni siquiera la PGR los daba por muertos en su “verdad histórica” y el copetón ya pedía olvidarlos. Peña Nieto nunca se dijo al lado de los familiares, nunca prometió que todo saldría a la luz y nunca facilitó todo el aparato estatal para buscarlos e investigar lo que sucedió.
Tampoco nunca les entregará un solo cuerpo a quienes los reclaman pues ni siquiera ha permitido que fluya la información de las pesquisas. Todos los compromisos señalados los hicieron Ángela Merkel y François Hollande a los familiares de las víctimas del accidente aéreo y se comprometieron también con sus naciones a esclarecer las circunstancias. ¿Por qué ellos sí y Peña Nieto no?.
Porque ellos le responden al pueblo y Peña Nieto a los intereses del grupo que se beneficia del poder, que hierve en corrupción y que, de acuerdo a la sospecha generalizada, está coludido con el crimen organizado responsable de lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa.
Por más que Peña Nieto y su familia se paseen en las cortes de Europa, se vistan de seda y posen a las cámaras con los encumbrados, no son como ellos.
No se trata de la clase ni de la sangre ni la ropa sino del ejercicio del poder. La comparación no es odiosa en ambos casos sino necesaria y se tiene que en Europa, al menos en este tipo de tragedias, responden cuando el pueblo les exige respuestas mientras que en México se ignora y hasta criminaliza a quienes reclaman justicia. Esa es la diferencia para el infortunio
de los mexicanos.
LA IMPORTANCIA DE SER PRIÕSTA
Casi tres meses después del secuestro, tortura y asesinato del reportero Moisés Sánchez Cerezo, el congreso local aprobó retirarle el fuero constitucional al alcalde panista de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, acusado por la Fiscalía General del Estado de ser el autor intelectual del crimen.
La votación en la legislatura tiene lectura aparte porque el trámite se logró con 35 diputados a favor, los del PRI, del PVEM, Panal y el de la perredista Ana María Condado que fue la que inclinó la balanza a favor del proyecto.
Es decir, fueron los votos suficientes para que procediera porque si la diputada perredista hubiera sufragado en contra, el desafuero se desechaba. Hubo trece diputados –diez panistas, el petista Fidel Robles y Cuauhtémoc Pola del Partido Movimiento Ciudadano- que sufragaron en contra mientras que otros dos legisladores no acudieron a la sesión.
Así, el desafuero se logró “dejando los pelos en el alambre”, como dicen popularmente, es decir con el límite de margen para lograrlo.
Lo malo del asunto que el retiro de la protección constitucional a Cruz Reyes no es garantía de que habrá justicia por el crimen del periodista Sánchez Cerezo y eso por dos razones principales: Una, que el panista Omar Cruz está prófugo con permiso del gobierno estatal.
Es decir, lleva dos meses escondido y hasta sus abogados alardean que no lo capturará la justicia. Es un hecho inédito porque el propio fiscal estatal aseguraba que lo tenían vigilado para que no se escapara y de la noche a la mañana se les escabulló. ¿No es sospechoso ? Así mientras la policía no lo ubique y detenga, Cruz Reyes no pisará la cárcel.
En segundo lugar porque las acusaciones que le fincó la fiscalía son “de oídas”, es decir lo señalan de haber ordenado el secuestro y muerte del periodista pero en base a declaraciones vagas e imprecisas de los detenidos, los policías municipales de Medellín de Bravo por lo que los abogados defensores, que no son improvisados en los terrenos de los litigios judiciales, anticipan que logrará conseguir amparos federales para echar abajo tales señalamientos.
Uno de los litigantes, el porteño Sergio Vaca Betancourt, aunque haya extraviado el camino del bien, sabe lo que hace y es un experto en dejar en ridículo a los gobiernos estatales.
De ahí que las esperanzas de que el ahora desaforado alcalde medellinense pague por el delito contra el reportero, son lejanas. Hay que señalar que si bien las pruebas acusatorias contra Cruz Reyes son débiles tampoco significa que el sujeto sea inocente. No, todos en Medellín de Bravo conocen sus andanzas y nexos con la criminalidad.
Claro que hubo amenazas contra Sánchez Cerezo y es muy probable que lo haya mandado a asesinar, lo malo es que en la fiscalía estatal son tan torpes o tan mañosos que integraron un expediente prendido de alfileres que se caería finalmente. De ahí la sospecha de que la investigación judicial es a modo para que Cruz Reyes libre la cárcel.
En fin, así está el asunto del desafuero, el tercero en la historia reciente de Veracruz. Y precisamente aquí llama la atención las estadísticas porque de los tres ediles a los que se les ha retirado el fuero constitucional ninguno es militante del Revolucionario Institucional, todos son de la oposición. Omar Cruz Reyes es panista aunque sea de los llamados “panista rojos”, es decir, lo que tienen la piel azul pero el corazón rojo fidelista o tricolor en su caso.
El segundo desafuero más cercano se dio el 30 de mayo del 2012 y se trató del entonces alcalde de Las Minas, Mauricio Herrera Fernández.
Herrera Fernández era de Acción Nacional y en marzo de ese año había sido detenido en Puebla por posesión de drogas y armas de fuego. Ese edil ya estaba preso por la justicia federal cuando el congreso veracruzano el retiró el fuero constitucional, mientras que el tercer desafuero aprobado en la legislatura estatal en tiempos recientes se dio en el año 2000 y se trato del alcalde de Jalapa y exrector de la Universidad Veracruzana, Rafael Hernández Villalpando, quien fue el primer edil de la oposición que llegó a ocupar el ayuntamiento de la capital del estado.
Hernández Villalpando había sido abanderado por los partidos Convergencia –hoy Movimiento Ciudadano- y de la Revolución Democrática (PRD) y su caso fue una venganza personal del entonces gobernador Miguel Alemán Velasco con quien se peleó, le mandó a a tirar varias toneladas de basura a las puertas de palacio de gobierno y también financió la publicación del extracto de una novela del escritor Rafael Loret de Mola que relataba una presunta relación sentimental de la entonces primera dama estatal y exMiss Universo, Christiane Magani con el presidente Miguel Alemán Valdez, su suegro, antes de casarse con el hijo.
Furioso, Alemán ordenó al congreso local buscar un asidero para escarmentar a Hernández Villalpando y como no encontraron nada que tuviera que ver con el ejercicio municipal lo acusaron de bigamia porque no se había separado legalmente de su primera esposa para contraer segundas nupcias. Así, por bígamo lo desaforaron. Hernández Villalpando tampoco piso la cárcel porque huyó del estado escondido en la cajuela de un automóvil, según la leyenda urbana, y estuvo alejando de Veracruz hasta que acabó el alemanato. No era militante del PRI y por eso no se la perdonaron.
Un cuarto caso que encaja en esta tendencia aunque no fue desafuero en sí es el de Martín Padua Zúñiga, presidente municipal de Chinameca, a quien le revocaron el mandato en junio del 2012 pues estaba detenido por el Ejército luego de que en abril de ese año participaraen un enfrentamiento a balazos contra fuerzas del orden. Fue aprehendido en infraganti apoyando a un grupo de narcotraficantes y no procedió la figura del desafuero sino la revocación definitiva del cargo. Por supuesto, Padua Zúñiga no era priísta sino panista.
Con lo anterior no se quiere decir que los panistas desaforados sean blancas palomas sino que la tendencia en Veracruz es no desaforar a ediles del PRI aunque muchos, muchísimos, de ellos, tanto del pasado como del presente, sean unos pillos de siete suelas y candidatos naturales al desafuero y a la prisión. Vaya, dos ejemplos confirman lo anterior. El primero el proceso de desafuero de la alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera, acusada de ordenar la muerte de su secretario particular.
Era priísta pero no procedió el desafuero porque los diputados argumentaron que no había tiempo para desahogarlo ya que se inició a finales de octubre del 2013 y su mandato finalizaba el 31 de diciembre de ese año. Es verdad, Luz Herrera está presa en el penal de La Toma, en Amatlán, pero los priístas de la legislatura local no la tocaron con el desafuero. El segundo caso es el del ahora alcalde con licencia de Fortín de las Flores, Armel Cid de León, quien fue aconsejado para pedir licencia al cabildo para librar ese procedimiento legislativo. El fortinense así haya tundido a golpes a su pareja extramarital no pisará la cárcel, dicen los conocedores, y lo peor es que podría regresar al ayuntamiento una vez que pase la
tempestad mediática.
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