Lamento que no se haga justicia a las víctimas, mi solidaridad con ellas, pero también lamentaré que en mi país se salgan con la suya quienes al procurar justicia, dígase las policías, no respetan la ley ni los derechos humanos. En el caso Cassez hubo definitivamente impunidad y hasta ahora siguen estando libres quienes violaron la ley.
Entre las grandes asignaturas pendientes que tiene el Estado mexicano están la procuración y administración de justicia. Este caso así lo evidencia. Por faltas muy graves en la detención de una persona, aderezadas con un montaje expuesto en cadena nacional por las televisoras, los mexicanos estaremos impedidos en saber la verdad: si la señora Cassez fue culpable o no de cometer el delito de secuestro directamente o como cómplice. Lo único cierto es que los derechos humanos de la señora Cassez fueron violados, y eso fue lo que analizaron y juzgaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para bien o para mal, con votación dividida, la SCJN, al tener la última palabra, dejó claro que no permitirá condenar a una persona cuyo proceso tiene fallas y vicios de origen. Esta decisión judicial reafirma el compromiso con el debido proceso legal, en el cual deben cumplirse con un conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados (véase a Héctor Fix-Zamudio, Voz: Debido proceso legal, Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM, 1987, pp. 820-822).
Esta resolución de la SCJN es un mensaje fundamental para todos, en especial para las policías y procuradurías de justicia, tanto la federal como la de los estados para cumplir con las formalidades esenciales de los procedimientos. Tampoco podemos abstraernos del contexto en el que se dio: presión por parte del Estado francés; rechazo previo por parte de la SCJN del proyecto presentado por el ministro Zaldívar; inicio de una nueva administración del Ejecutivo federal y la participación en la votación de un nuevo ministro de la SCJN.
Aunque pudiera no parecerlo, las actividades económicas, principalmente por el lado de la toma de decisiones de inversión en México, o de hacer o no negocios con el gobierno mexicano, sus organismos paraestatales, o con sus empresarios mexicanos, son muy sensibles a la impunidad.
Los grandes flujos de inversión, especialmente la extranjera, no sólo provienen de las grandes empresas con proyectos que se concretan con naves industriales imponentes que albergan cientos de máquinas con avances tecnológicos de última generación.
Las grandes empresas transnacionales tienen la escala y los contactos a todo nivel de un gobierno para hacer frente a la inseguridad jurídica. Ya están imputadas en las evaluaciones costo-beneficio las debilidades del Estado de derecho, e incluso las de la falta de seguridad a la integridad física de las personas y su patrimonio. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas estas peculiaridades vuelven inviable instalarse y ampliarse en México. Por ello no extraña que los principales receptores de inversión extranjera sean también los países más reconocidos por su democracia y Estado de derecho, así como por el ejercicio de las libertades económicas, las cuales son muy atractivas para las pequeñas y medianas empresas que no tienen que incurrir en esos altos costos de transacción.
Si lo que nosotros los mexicanos pretendemos es constituir y consolidar un Estado democrático de derecho, la madre de todas las reformas estructurales es la de todo el sistema de justicia que abarca desde la calidad profesional de los abogados que defienden a sus clientes, los que están en los ministerios públicos, las procuradurías, los tribunales a todos niveles y áreas de competencia, así como el marco jurídico.
Es esta una gran oportunidad para crear la Comisión Nacional Contra la Impunidad, la cual contemplaría también el combate a la corrupción. Para crecer con equidad hay que tomar una decisión estratégica: o nos la jugamos en el imperio de la ley o no.
