Orizaba.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exigirá a los servidores públicos cumplan con su declaración anual patrimonial, a pesar de que el plazo vencerá hasta mayo, de lo contrario, la sanción sería desde amonestación hasta la inhabilitación del cargo.
Para el caso de los servidores públicos, es una obligación informar cuando la ley lo pide sobre el patrimonio con el que ingresan al servicio público y reportar si lo han ido modificando, si creció o no, y en función de su desempeño.
La ley es clara en el sentido de que los funcionarios o servidores públicos deben declarar lo que posean, así como las propiedades correspondientes a su esposa e hijos, en caso de haberlos.
Es un ejercicio de transparencia sí, pero también de obligatoriedad, de ahí que los servidores públicos al inicio de su servicio deben dejar muy clara su situación, a través de su declaración patrimonial.
Para quienes ejercen, por ejemplo, en la función pública municipal, la ley obliga sin excusa ni pretexto y tampoco extemporáneamente, realizar la declaración inicial patrimonial, la anual por modificación patrimonial y la de conclusión del cargo.
Por ejemplo, un alcalde al iniciar su quehacer en la función pública debe hacer una declaración inicial patrimonial, al siguiente año si es que ya hubo modificación patrimonial debe declararla o ratificar la anterior y al finalizar su encargo, también debe cumplir con
este ordenamiento.
Lo mismo sucede para el resto de coordinadores y directores de área, los miembros del Cabildo, el Síndico y el Presidente municipal. Si no lo hacen, la penalización va desde una sanción a la destitución o inhabilitación.
Esta declaración anual patrimonial debe hacerse en un formato especial, oficial y avalado ante la Legislatura del Estado, razón por la cual muchas veces los departamentos de Contraloría buscan que los servidores públicos cumplan con esta responsabilidad, sin embargo, se aclara que es responsabilidad individual.
Aunque esta declaración tiene como plazo límite el mes de mayo, muchos ya la están preparando, cuentan con los formatos y no necesariamente deben esperar a que venza el plazo y les recuerden sus deberes, porque se trata de un compromiso institucional que de no hacerse trae de por medio un riesgo laboral y político.
Matilde De los Santos
El Buen Tono
