Cordoba.- La renuncia de Marisol Arróniz de la Huerta quien se perfilaba como candidata del Partido Acción Nacional en el distrito de Córdoba se debió a la intimidación por parte del gobierno del Estado.
Hoy se sabe que fue en una reunión con un alto funcionario del Gobierno del Estado, donde le dieron a conocer que no le convenía seguir con sus aspiraciones de contender por la Diputación Federal, ya que existía un proceso penal en contra de su esposo, el constructor Raúl Bretón Pineda, y que posiblemente podrían girar una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con la publicación en el diario de su propiedad, la decisión de renunciar fue por motivos personales, la nota informativa precisó “Así no”, entre otras cosas “mi idealismo le ganó a la razón. Hoy mi lugar no está en la política, mi lugar está entre la sociedad civil y desde ahí continuaré trabajando”. “Mi único interés es cambiar de fondo las cosas en este país. México está sediento de justicia y libertad, de hombres y mujeres que busquen servir al país y no servirse de él.
Desgraciadamente en este momento no veo las condiciones para que mi incursión en la política puede influir en que esto cambie…” Ocultando la verdadera razón por la cual en ese momento declinaba
su candidatura.
Sin embargo hoy sale a la luz la licitación otorgada a la constructora “Bretón y asociados” para la reparación del puente Cuitláhuac-Puente Chico el 13 de mayo del año 2009 por la desaparecida Secretaría de Comunicaciones (SECOM) del gobierno del estado, otorgó el fallo de la licitación número 59010001-022-022-09 a la compañía constructora Bretón y asociados (esposo de la ex-precandidata) para realizar la reconstrucción de un puente en el municipio de Cuitláhuac, cuyo costo total fue estimado en 7 millones de pesos, el cual
nunca construyó.
La obra no se realizó, según el ex titular de la SIOP quien presentó la denuncia en el 2013. El 27 de noviembre del año 2013, el ex secretario de infraestructuras y obras públicas (SIOP) Gerardo Buganza Salmerón, declaró que interpuso denuncias contra 18 constructoras, y al descubrir que había obras “fantasmas” en todo el estado. Con base en lo anterior, la Fiscalía General del Estado debe proceder contra la constructora “Bretón y Asociados” y si le confirma la reconstrucción ficticia del puente, debe encarcelar al esposo de la exprecandidata por delincuente.
