Una operación federal realizada en marzo en el puerto de Tampico ha generado controversia: mientras el Gobierno informó haber asegurado 10 millones de litros de combustible de origen dudoso, la empresa involucrada, Intanza, asegura que fueron más de 20 millones de litros los que le fueron confiscados.
El cargamento, que llegó desde Texas en el buque Challenge Procyon el 19 de marzo, fue clasificado por las autoridades como producto no permitido para su ingreso. Sin embargo, Intanza presentó documentos oficiales, facturas de la empresa texana Hevi Transport LLC y un permiso de importación fechado el 18 de marzo. Curiosamente, el domicilio registrado para esa operación es un pequeño departamento en Monterrey, ubicado a unas cuadras del Tec.
No es la primera vez que Intanza realiza este tipo de importaciones. Desde octubre de 2023 ha traído grandes volúmenes bajo la etiqueta de “aditivos para aceites lubricantes”, incluso ingresando 19 millones de litros por el puerto de Guaymas.
La situación se complica aún más tras revelarse, a través de MCCI, que el actual director de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, mantiene vínculos empresariales con los socios de Intanza, Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez. Todos ellos están ligados a otra compañía registrada en Nuevo León.
El funcionario asumió su cargo apenas un mes antes de que Intanza utilizara por primera vez el puerto de Tampico para sus envíos.
🔍 ¿Se trata de un caso de tráfico irregular disfrazado de importación legal? ¿Dónde quedaron los otros 10 millones de litros?
La falta de transparencia y los posibles conflictos de interés han encendido las alarmas sobre cómo opera el crimen organizado en estructuras empresariales y portuarias.
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