Agencias
Xalapa.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado el desvío inicial de 8 mil millones de pesos durante la administración del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, un hallazgo que por ley obliga a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, esta cifra podría ser sólo el primer indicio de un saqueo mucho mayor, pues existen irregularidades en el manejo de 42 mil millones de pesos a través de subejercicios y contratos opacos durante su gobierno.
Las pruebas son contundentes: un muro en el aeropuerto de Veracruz, valuado en 330 mil pesos, fue facturado en 7 millones; en 2019, se pagaron 2,464 millones de pesos en bacheo sin reparar ni un solo hueco; y la Comisión de Agua del Estado (CAEV) no pudo comprobar el destino de 18.5 millones de pesos.
Además, proyectos como la ampliación del aeropuerto y la construcción de una nueva aduana recibieron presupuestos millonarios que nunca se ejecutaron, según documentos en poder de la ASF.
La red de operación detrás del desfalco incluye a Eleazar Guerrero, diputado federal y primo del ex mandatario, quien habría fungido como enlace en el manejo irregular de los recursos.
También destaca el caso de Helio Hernández, ex secretario de Infraestructura y cuñado de García Jiménez, bajo cuya gestión se registraron subejercicios por miles de millones de pesos año tras año.
Los números no mienten: en 2024 el gobierno de Cuitláhuac García dejó de ejercer 2,076 millones; en 2023, la cifra fue de 12,913 millones; en 2022, 3,813 millones; y en 2021, 6,375 millones de pesos, dinero que nunca llegó a los veracruzanos.
Ante las acusaciones, Cuitláhuac solía retar: “¡Pruebas, presenten pruebas!” Pues bien, la ASF las tiene. Documentos, testimonios, contratos y fotografías que detallan, obra por obra, municipio por municipio, cómo se vaciaron las arcas públicas. Y lo más grave: algunos involucrados, presionados, están dispuestos a declarar con tal de evitar la cárcel. El siguiente paso corresponde a la Fiscalía, que deberá determinar si procede judicialmente contra los responsables.
La justicia no puede seguir esperando. Veracruz exige que este caso no quede en la impunidad, como tantos otros en la historia del país. Si hay pruebas, debe haber consecuencias.
