La pinza comienza a cerrarse en Tamaulipas, el estado que alguna vez fue clave en la consolidación política de la 4T y que hoy, de la mano de investigaciones en Estados Unidos, se perfila como el epicentro de un escándalo de dimensiones históricas: la alianza entre políticos de Morena y el crimen organizado.

Según una columna de opinión de Héctor de Mauleón publicada en El Universal, el pasado 17 de abril el alcalde morenista de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido al intentar cruzar a Brownsville, Texas, por agentes de Homeland Security, la DEA, el FBI y la Patrulla Fronteriza. Tras varias horas de interrogatorio, las autoridades estadounidenses le revocaron la visa de manera fulminante —según el columnista Salvador García Soto, incluso se la rompieron frente a sus propios ojos—, lo que representa un severo golpe a la credibilidad de Morena en la región.

La caída de Granados Favila no es un hecho aislado. Hasta ahora, 16 funcionarios de su ayuntamiento también han sido afectados, quedándose sin visas para ingresar a Estados Unidos, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con redes de crimen organizado.

La polémica se intensificó cuando se reveló que la esposa y un hermano de un conocido operador del crimen organizado ocupaban altos cargos dentro del ayuntamiento de Matamoros. Pese a las evidencias —fotos, relaciones familiares y señalamientos de presunto financiamiento de campañas—, Granados Favila y otros funcionarios negaron cualquier relación, en un intento de deslindarse de los escándalos.

La influencia del crimen organizado sobre algunas estructuras políticas de Tamaulipas viene de años atrás. En 2020, el entonces secretario particular de Granados Favila fue detenido en posesión de armas y varios paquetes de droga. A pesar de su posterior liberación por irregularidades en el proceso, el episodio dejó marcada a la administración del hoy alcalde detenido.

Además de estos casos, un nuevo golpe sacudió la región: las autoridades de Estados Unidos decomisaron la empresa Arroyo Terminals, en Río Hondo, Texas, acusada de contrabandear combustible refinado hacia México. Según las investigaciones, esta red de tráfico ilegal involucró a empresas de Tamaulipas que operarían bajo autorización de grupos del crimen organizado, desviando cerca de 50 millones de dólares en operaciones fraudulentas.

La trama es amplia y compleja, cruzando rutas por Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y evidencia la profunda infiltración de intereses criminales en sectores políticos y empresariales.

Hoy, con pruebas sólidas en manos de las agencias estadounidenses, todo apunta a que el derrumbe político iniciará en Tamaulipas, un estado donde la llamada “alianza intolerable” entre política y crimen organizado amenaza con dinamitar los cimientos de un proyecto que prometió transformación… pero terminó enredado en complicidades.