De la Redacción
El Buen Tono
ALPATLÁHUAC.- Mientras la Contraloría de Alpatláhuac presume no haber recibido “ninguna queja ciudadana”, decenas de denuncias públicas revelan un patrón de abusos, impunidad y desvío de recursos bajo la administración del alcalde Leonel Sánchez Reyes.
La contradicción expone una administración que, lejos de garantizar transparencia, opera con prepotencia y omisión, consolidando un gobierno de oídos sordos. Frente a denuncias de abuso de poder, corrupción y violencia, el área de Contraloría Municipal prefiere el silencio.
Desde 2021, la Policía Municipal ha sido señalada en episodios de violencia. En junio de 2022, los hermanos del alcalde, Katy y José María Sánchez, agredieron a jóvenes en un evento público, mientras agentes municipales respaldaron a los agresores con detonaciones de arma de fuego. Meses después, en diciembre, policías allanaron domicilios sin orden judicial, golpearon a un subagente municipal y lo acusaron de encubrir a un asesino serial.
En noviembre de 2024, una adulta mayor fue agredida por defender su terreno de un allanamiento ilegal. “Los policías ni siquiera pidieron permiso. Me golpearon y me dejaron moretones, pese a que tenía la razón”, relató la víctima.
No obstante, las innumerables denuncias ante la Fiscalía de Huatusco, ni Sánchez Reyes ni su síndico sancionan a los responsables, son cómplices.
Corrupción
El mal se extiende en programas sociales. Natalia Pulido Lezama, titular del DIF municipal, retuvo ocho máquinas de coser destinadas a mujeres de escasos recursos en Teacalco, siguiendo el “modus operandi” del alcalde, acusado de desviar fondos públicos para fines políticos. Sánchez Reyes, apodado “El Barbero” por su cercanía con funcionarios de la 4T, ha usado recursos del erario para campañas.
En junio de 2022, la “Carrera de carretones” por el Día del Padre inició con hora y media de retraso, bajo lluvia, y casi termina en tragedia cuando un participante estuvo a punto de ser atropellado. Mientras, en abril de 2021, el envenenamiento de animales en Acolco, que intoxicó a un menor, no recibió atención oportuna, pese a que vecinos identificaron a los responsables.
Frente a este panorama, la Contraloría insiste en que “no hay quejas registradas”. Para los habitantes, esto refleja un sistema diseñado para silenciar: “Denunciar es inútil. Si vas a la autoridad, te ignoran o te amenazan”, afirmó un poblador de Ayahualulco.
Leonel Sánchez Reyes, lejos de rectificar, parece empeñado en consolidar su legado como un alcalde que prioriza el poder sobre las personas. Mientras la Contraloría guarda silencio, Alpatláhuac clama justicia en las calles. Y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo seguirán los oídos sordos?
