Washington, D.C. – En una sorpresiva y sin precedentes maniobra legal, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este martes la deportación de varios venezolanos presuntamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, tras una orden emitida bajo una ley que data del siglo XVIII.
La administración del expresidente Donald Trump había invocado el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma casi olvidada que originalmente fue utilizada durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y en las guerras mundiales del siglo XX. El objetivo: arrestar a los supuestos pandilleros detenidos en Texas y enviarlos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Sin embargo, la intervención de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), a través de un recurso de emergencia presentado el viernes por la noche, logró frenar temporalmente la polémica deportación. Los abogados alegaron que sus representados fueron notificados de una expulsión “inminente” amparada en una ley que consideran obsoleta y violatoria de derechos humanos.
“Se ordena al gobierno no expulsar de EE. UU. a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”, dictaminó la Corte Suprema.
Ayer mismo, el gobierno estadounidense respondió con una moción en la que defendió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, asegurando que los individuos en cuestión representan una amenaza terrorista. Incluso, argumentaron que, si se bloquea el uso de esa ley específica, existen otras normativas que permitirían ejecutar las deportaciones.
Esta decisión marca un nuevo capítulo en la tensión migratoria entre Texas y Washington, y abre un complejo debate legal sobre hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo para combatir el crimen organizado trasnacional.
