AGENCIA
CDMX.- Lo que antes era solo una sospecha se ha transformado en una señal de alerta nacional. Nuevas investigaciones apuntan a que una red de tráfico de combustible robado ha operado con facilidad en puertos estratégicos del país, bajo un esquema que involucra a actores civiles y autoridades de distintos niveles.
La semana pasada, un operativo federal permitió asegurar un buque en el puerto de Guaymas, Sonora, con más de 10 millones de litros de diésel robado. Junto con él, fueron decomisadas 29 pipas. La magnitud del aseguramiento no solo evidencia la dimensión del robo, sino la complejidad de las estructuras que lo permiten.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, esta red tiene la capacidad de mover no solo combustible, sino también drogas, precursores químicos y otras mercancías ilegales. Lo preocupante es que, más allá de sobornos individuales, se trataría de una operación articulada que aprovecha vacíos institucionales y estructuras de poder en los más altos niveles.
La operación de un buque cargado con huachicol no sería posible sin la participación –activa o por omisión– de diversas figuras: autoridades portuarias, comités de operación, agentes aduanales y marítimos, así como transportistas y compradores particulares. Hoy, muchas de esas funciones están bajo responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas.
Lo cierto es que de poco sirvió cambiar los mandos civiles de los puertos por mandos militares, si las prácticas de corrupción continuaron o incluso se intensificaron. La promesa de limpiar aduanas y recintos portuarios se topó con una realidad incómoda: el sistema de moches se mantuvo. Y no se trata de pequeñas cantidades, sino de cientos de millones de pesos en sobornos que se reparten para permitir y proteger operaciones ilegales, sin importar el uniforme que se porte.
Ante ese panorama, lo que haría el gobierno federal –si existe voluntad de atacar el problema de raíz– es crear un grupo especializado, con sede en la Ciudad de México, encargado de vigilar y auditar directamente a directores de puerto. Incluso se ha planteado la posibilidad de contratar auditores extranjeros, sin vínculos ni intereses en el país, para que no sean corrompidos como con personal nacional.
