De la Redacción
el buen tono
Fortín.- La emisión de permisos para establecimientos de venta de bebidas alcohólicas supera los 500 anuales, de acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento.
Mientras el municipio insiste en cifras, organizaciones civiles cuestionan una política más recaudatoria que de ordenamiento urbano, en un contexto donde el titular del área, Ernesto Arteaga Quevedo, arrastra un historial político ligado a grupos de poder en la zona.
De acuerdo con el oficio 021/10DE/2025, entre 2022 y marzo de 2025, otorgaron en promedio 520 permisos cada 12 meses a giros tipo B y C, es decir, bares y cantinas.
Únicamente en 2022, las autoridades autorizaron 525, cifra que contrasta con las 33 licencias de funcionamiento general emitidas ese mismo año.
Incremento
Para 2025, ya se reportan 517 licencias para alcohol, mientras que hay siete generales.
Al frente de la dirección está Ernesto Arteaga Quevedo, señalado por excompañeros universitarios y actores políticos como exintegrante de grupos de choque en la UV, en los 90’s, vinculados al PRI y PAN.
Su trayectoria, según fuentes consultadas, lo posicionó como operador político para partidos antes de llegar al ayuntamiento en 2021.
El documento oficial revela que, en tres años, 11 solicitudes de licencia fueron negadas “por incumplir el reglamento”, ninguna está pendiente.
Negocio
Para críticos, esto evidencia un sistema laxo: “Si casi no hay negativas ni revisiones, ¿dónde está el filtro?”, cuestionó Laura Méndez, del colectivo Fortín Transparente.
Además, el padrón de cédulas de empadronamiento, requisito para operar, muestra fluctuaciones inexplicables, de 417 en 2023 a 252 en 2025, sin que el ayuntamiento aclare si se debe a revisiones o abandono de trámites de los interesados.
Ante las críticas, el ayuntamiento, que encabeza Gerardo Rosales Victoria, no ha explicado cómo equilibra la emisión masiva de permisos para venta de alcohol con políticas de seguridad o salud pública.
Ocultamiento
Tampoco ha respondido sobre el perfil de Arteaga, cuyo nombramiento en 2021 no fue sometido a escrutinio público.
La historia de Arteaga, de porro universitario a funcionario clave, resume un sistema donde la lealtad política vale más que el interés público.
