Laura A. García
el buen tono
Coetzala.- Desde hace dos meses, el tesorero municipal, Rafael Uribe Rodríguez, dejó de asistir al Palacio Municipal, lo que se tradujo como una maniobra del presidente municipal, Alejandro García Hernández, a fin de evitar que le entregue a la síndica, Clementina Yolanda Coyohua Zepahua, documentación financiera clave.
Lo anterior, porque la funcionaria lo denunció por violencia política en razón de género, debido a los reiterados obstáculos para acceder a información pública.
Tanto el encargado de las finanzas locales, como su auxiliar, Griselda Jiménez García, quien es prima del alcalde, dejaron de laborar en las instalaciones municipales.
En diversas ocasiones, la síndica acudió a sus oficinas, pero nunca están, por lo que decidió llamarlo y enviarle mensaje por WhatsApp, sin que le responda.
Consideró que es parte de una estrategia, luego de que interpuso recursos legales por obstáculos a su trabajo.
Ausencia
Fuentes internas del ayuntamiento confirmaron que el funcionario lleva 60 días sin presentarse a su trabajo, sin que exista una justificación oficial.
Dicha situación frenó la entrega de documentos solicitados por, Coyohua Zepahua, quien desde hace meses exige transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La única mujer en el cabildo, interpuso quejas ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), entre otras acusando al alcalde y a su equipo de violencia política en razón de género, al negarle sistemáticamente el acceso a los estados financieros del municipio, contratos de personal, entre otros.
Indicó que tal omisión, que también es corrupción, busca debilitar su función fiscalizadora y mantener en la opacidad el uso del erario.
Coludidos
La ausencia del tesorero coincidió con el aumento de presiones legales contra el gobierno municipal en turno.
Por lo que está acción es una trampa de García Hernández para mantener en el limbo la rendición de cuentas, evitando así que se investiguen las irregularidades que existen.
“Es a propósito que justo cuando la síndica exige información, el tesorero desaparezca. Es una forma de sabotear su trabajo y silenciar sus denuncias”, acusó un ciudadano que también acudió ayuntamiento, y tampoco localizó al funcionario.
El caso de Coetzala refleja un problema de exclusión de mujeres en cargos de decisión mediante tácticas dilatorias o acoso institucional.
La afectada aseguró que continuará su lucha ante las instancias correspondientes, pero la flojera de las autoridades locales, y la ausencia del tesorero confirman la negativa del ayuntamiento de transparentar su gestión ante el pueblo.
